“Los ciudadanos no entenderían que, desde el mundo empresarial no haya ningún tipo de sensibilidad con la necesidad de también mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen los salarios más bajos, sobre todo, cuando en el curso del mes de septiembre vamos a tener también que decidir qué hacemos con los ERTE y la prestación de los autónomos”, expuso en una entrevista a Onda Cero recogida por Servimedia.

“Yo creo que esto es muy difícil, muy difícil de explicar”, insistió, subrayando que “lo que no parece lógico es que, dentro de tres días, empecemos una negociación en la que los representantes empresariales nos van a decir pues hay que extender las bonificaciones, hay que extender las prestaciones cuando no haya habido un acuerdo” en SMI.

El Gobierno ha propuesto subir el SMI en una horquilla entre 12 y 19 euros, ya a lo largo de este mes de septiembre para que entre en vigor en la última parte del año y con intención de volver a incrementarlo en el año 2020 y 2023 hasta que su cuantía suponga el 60% del salario medio comprometido durante la legislatura. La patronal acepta la subida, pero estima que ahora no es el momento, mientras los sindicados piden un aumento superior.

Al ser cuestionada sobre si el Ejecutivo legislará si no hay acuerdo en el seno del diálogo social ante el rechazo de los empresarios, Calviño se mostró confiada en que sí se logre. “Yo espero que haya acuerdo. Vamos a seguir trabajando intensamente para que haya acuerdo”, estimó.

Y en apoyo de su argumento de que el ciudadano no lo entendería recordó que “la sociedad española, en su conjunto, ha hecho un esfuerzo enorme desde marzo del año pasado para apoyar a las empresas, apoyar a los autónomos, apoyar el tejido productivo, también las rentas de las familias”, y todas las medidas tienen “un coste fiscal muy importante” que obligará a emitir 150.000 millones de euros de deuda pública adicional “para la respuesta sanitaria, pero también para todo el apoyo que se ha prestado a las empresas de este país”.

Al ser cuestionada si con sus palabras sugería que la falta de apoyo en el SMI pondría en riesgo la petición de prórroga de las empresas para los ERTES, la vicepresidenta lo negó, argumentando que solo exponía que la negoción con el diálogo social no se agota en una sola medida. “No, yo solamente estoy explicando que la relación que tenemos con los agentes sociales es constante, es continua. No se trata de una negociación aislada un día, se trata de una negociación que ha sido muy intensa desde hace un año y medio, que ha sido muy constructiva”, apuntó.

Según Calviño. el Gobierno “ha estado a la altura” y “tenemos que seguir en esa misma línea de responsabilidad” para “apoyar” a que el “país salga adelante y que la recuperación llegue a todos”. “Ese es el objetivo que tenemos y vamos a tener muchos temas que negociar”, agregó.

BUEN DATO DE EMPLEO

En cuanto al fondo de las quejas del empresariado por la inconveniencia de subirlo ahora que exponen, la ministra recordó que personalmente había defendido que “había que ser muy prudente con este tema” para no entorpecer la recuperación, pero compartiendo la intención de que “cuanto antes” se pudiese había que subir el SMI “porque es un elemento importante de redistribución y de apoyo y de reducción de la desigualdad en nuestro país”, que “se ha ido deteriorando en la última década”.

Sin embargo, señaló que “a la luz de la buena evolución del mercado de trabajo” se puede “tener la confianza para empezar con una subida limitada” del SMI que “afecte ya a la última parte de este año”, desvelando que el ministro José Luis Escrivá le había confiado “que el inicio de septiembre sigue siendo muy positivo”.

Al ser cuestionada sobre cómo serán las subidas posteriores indicó que el objetivo es llegar al 60% “al final de la legislatura”, y su aplicación “dependerá de cómo avance la economía, de cómo vaya creándose empleo, sobre todo el desempleo juvenil”.

A lo que sí se cerró es a la sugerencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, de un SMI por territorializado. Si bien admitió que en otros países hay salarios mínimos distintos en tramos, por ejemplo por edades o sectores, dijo contundente que “esta aproximación no es la adecuada en nuestro país”.

“Nos parece que no sería una decisión sabia la de empezar a discriminar por territorios y establecer esa diferencia”, elaboró subrayando en apoyo de esta decisión que España es un país con divergencias territoriales ya “importantes” y donde además tenemos “un reto demográfico, un reto de despoblación” y “un reto desde el punto de vista de vertebración y la integración de nuestros mercados”.

Así concluyó que “la unidad del mercado es fundamental” y lo que toca es seguir profundizando esa unidad de mercado y reforzarla”. “Una decisión así, en el sentido contrario, a esa sugerencia, efectivamente, no la apoyo”, zanjó.