El Proyecto de Real Decreto adapta los estatutos a normativa previa sobre actividades de servicios y su ejercicio y sobre visado colegial, entre otras.

La CNMC ha detectado aspectos a mejorar relacionados con las limitaciones al acceso o al ejercicio de la profesión. En primer término, considera que no procede regular la obligatoriedad de colegiación en los nuevos estatutos ya que, de acuerdo con la normativa de colegios profesionales, las obligaciones de colegiación solo pueden establecerse mediante ley estatal.
Además, sostiene que mientras no haya ley estatal que regule la colegiación obligatoria, se debería replantear la exclusividad de la representación de la profesión.
En cuanto a las funciones de los colegios, afirma en su informe que la cooperación con la Administración de Justicia y demás organismos oficiales en la designación de colegiados que pudieran ser requeridos para realizar informes, dictámenes, tasaciones, peritaciones u otras actividades profesionales, debe estar sujeta a diferenciación en función de la regulación existente en algunas de ellas (peritaje judicial, notarial) y del papel que puede atribuirse al Colegio (prácticamente nulo en los peritajes privados).

Dada la imposibilidad de que por vía estatutaria se exija la colegiación obligatoria, la entidad que preside Cani Fernández recomienda una revisión de la obligación de que las sociedades profesionales estén obligadas a realizar la inscripción en el Colegio hasta que esta cuestión fuera impuesta por una ley estatal. Asimismo, se recomienda replantear la responsabilidad del socio colegiado en cuanto a la inscripción en el Registro de Sociedades del Colegio profesional.