Según explicó Acnur en un comunicado, más de 23.000 personas se han visto desplazadas desde mayo sólo en el territorio de Kongolo, al norte de Tanganica, según informan las autoridades locales. La mayoría se ha visto obligada a huir de la inseguridad varias veces en los últimos tres meses.

Solamente en las últimas dos semanas, los socios humanitarios de las zonas sanitarias de Kongolo y Mbulula han registrado 243 casos de violación, 48 de los cuales involucraban a menores, en 12 aldeas diferentes. Esto supone una media de 17 agresiones diarias. Se cree que las cifras reales son aún mayores, ya que la denuncia de la violencia de género sigue siendo un tabú en la mayoría de las comunidades.

Además del enorme trauma físico y psicológico que genera una violación, las supervivientes de la violencia sexual pueden enfrentarse al estigma y a la posible exclusión de sus familias.

Al parecer, los ataques son llevados a cabo por grupos armados rivales que compiten por mantener el control de las zonas mineras -especialmente las minas de oro- y como represalia contra las operaciones militares dirigidas por el gobierno. Los civiles se encuentran atrapados en medio de intensos enfrentamientos entre las distintas partes.

Acnur explica que su personal en la zona ha escuchado testimonios horribles de violencia extrema. Las personas forzosamente desplazadas han acusado a los grupos armados de llevar a cabo violaciones masivas cuando las mujeres intentan huir de sus hogares. Algunas mujeres y niñas han sido secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales por miembros de grupos armados. Se han exigido rescates a las familias a cambio de su libertad.

En ese escenario, Acnur y sus socios siguen colaborando con las autoridades locales y los agentes humanitarios para garantizar que se proporciona apoyo psicosocial y médico a las supervivientes, pero el conflicto en curso y las largas distancias para llegar a los centros de salud están dificultando enormemente el acceso a la asistencia.

Por ello, pide a las autoridades que aumenten urgentemente la seguridad en el llamado “triángulo de la muerte” -zona limítrofe de varias localidades entre las provincias de Tanganica, Maniema y Kivu Sur- para proteger a los civiles, especialmente a las mujeres y las niñas; que permitan el acceso de la ayuda humanitaria; y que se inicien investigaciones y los autores sean llevados ante la justicia.

Hasta julio de 2021, cerca de 310.000 personas se han visto desarraigadas por la inseguridad y la violencia y se encuentran desplazadas en la provincia de Tanganica, según estimaciones de la ONU.

Las necesidades humanitarias y de protección son cada vez mayores y hasta el momento Acnur asegura que solo ha recibido el 36% de los 205 millones de dólares necesarios para su operación en la República Democrática del Congo.