Durante los primeros siete meses del año, 43.717 personas al mes, de media, se han visto favorecidas por la prórroga de los ERTE, que protegen los puestos de trabajo, con 120,5 millones de euros en prestaciones. Además, 7.367 gallegos se han beneficiado del fraccionamiento del pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por un importe de 6,2 millones de euros.

En cuanto a las personas que trabajan por cuenta propia, han sido 26.944 los autónomos y autónomas de Galicia con prestaciones extraordinarias para su actividad, con una cuantía de 389,3 millones de euros. También ha habido 898 gallegos, de media cada mes, con contrato fijo discontinuo que se han acogido a medidas extraordinarias, con 3,3 millones de euros.

El Ejecutivo también apostó por un subsidio extraordinario para aquellas personas que agotaron su prestación por desempleo durante el primer estado de alarma. Han sido 1.561 las personas beneficiadas por esta iniciativa en Galicia, con 3,4 millones de euros.

José Miñones subrayó que el objetivo del escudo social del Gobierno es no dejar a nadie atrás. Por eso, en el capítulo de apoyo a personas trabajadoras y a empresas, destinó en Galicia 234,5 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos.

A través del Instituto de Crédito Oficial, 37.441 empresas gallegas han conseguido 5.824,5 millones de euros de financiación garantizada. A lo largo de este mismo año han sido 1.586 empresas, con 304,4 millones.

Las medidas también han incluido 13,8 millones de euros de ayuda extraordinaria a los operadores que prestan el servicio de transporte público en ayuntamientos gallegos, que han experimentado una reducción de ingresos por la pandemia.

Además, cuatro empresas gallegas se beneficiaron del aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del Estado con dispensa de garantía.