Así lo anunció Ecologistas en Acción, que desde 2016 denuncia que las actividades extractivas de esta explotación ponen en peligro la ría de Noya.

En un comunicado, Ecologistas aseguró que “las “consecuencias para España podrían ser millonarias”, y resaltó que esta mina de wolfranio y estaño se encuentra a “solo siete kilómetros del parque Esteiro do Tambre de la Red Natura 2000 y de los bancos de marisqueo de la ría de Muros y Noia”.

Ello es lo que “ha motivado que el Parlamento Europeo lleve a cabo esta “acción extraordinaria”, opinó, ya que “apenas tramita 30 interpelaciones al año”.

La ONG también advirtió de que la Xunta “quiere dar luz verde a una autorización de vertidos que lleva tramitándose con numerosas irregularidades desde 2016, sin adoptar medida alguna para impedir que la contaminación continúe”.

“Eso implica una “inyección constante de cantidades significativas de cadmio, cobre y zinc al río contiguo a la explotación”, agregó Ecologistas en Acción, que acusó al Gobierno gallego de “negacionismo” y de no abordar el problema.