Así lo explica la patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y directora del Congreso, Esperanza Alcaín, en una entrevista publicada en el boletín ‘cermi.es semanal’, donde afirma que el Derecho de la Discapacidad es una disciplina jurídica autónoma “perfectamente” fundamentada en normas y principios, y que cumple una “importante” función de cohesión tanto en disciplinas de Derecho público como de Derecho privado.

Alcaín sostiene que es “muy importante” realizar congresos como este, promovido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Derecho y Discapacidad, “para propiciar la puesta en común y el intercambio de opiniones sobre los distintos temas relacionados con la discapacidad”.

En el plano social, estos congresos suponen “un cauce idóneo” para trasladar al ámbito profesional y académico la realidad y reivindicaciones del sector, así como propuestas y líneas de trabajo; visibilizar la existencia de prestigiosos profesionales con discapacidad que participan como ponentes especialistas y contribuir a erradicar la barrera de la desinformación en relación con el sector de la discapacidad.

En cuanto a su valor jurídico, Alcaín señala que el Congreso constituye un “importante” foro para profesionales de todas las áreas del Derecho, “un referente en esta materia, pues no hay otro con estas características”, y que cumple una función de diagnóstico de los avances legislativos, doctrinales y jurisprudenciales y de las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico.

Además, incide en que “es importante” destacar que no es un congreso de carácter meramente teórico, sino que permite conectar con la realidad de las personas con discapacidad, con los problemas de las asociaciones, entidades y familias. Es, en definitiva, una base para diseñar los futuros trabajos a realizar desde el conocimiento real de la situación del sector.

Por otra parte, Alcaín aborda cómo el Derecho de la Discapacidad es una rama jurídica consolidada, en cuya construcción se implica a las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad y del Tercer Sector, ya que, explica, actualmente este está configurado como un operador jurídico más, como agente dinamizador y propulsor de la vida legislativa participando en la tramitación de las leyes.

Así, señala que, en su opinión, el objetivo primordial que debe marcarse en un futuro próximo es “continuar avanzando y no retroceder en logros conseguidos tras muchos años de reivindicaciones y trabajo”: continuar con la actualización de las normas al amparo de la Convención y acompañar los cambios legislativos de la correcta aplicación de las normas, como la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.