La joven aterrizó en Tenerife el pasado 28 de agosto llena de ilusión y con un futuro profesional estable por delante. Transcurridos unos días, firmó un contrato de funcionaria en prácticas y a los tres días le llamaron para una evaluación sobre su idoneidad para un puesto de trabajo que ya estaba desempeñando. “Me sentí como en una encerrona. Me dijeron que no confiaban en mí por mi discapacidad visual, según ellos. ‘Puede que se te lance por la ventana un niño y no te dé tiempo de reaccionar por no verlo’, me dijeron. ¡Palabras textuales!”.

Otro de los argumentos que esgrimieron fue, por ejemplo, que debía tener en cuenta que dar clase a un alumno con necesidades especiales equivale a un aula con 30 niños sin discapacidad. “Pero, ¿esto es verdad?” se repetía.

Uxía subrayó que jamás pondría en riesgo a nadie bajo su cuidado. De hecho, durante aquel tiempo fue responsable del alumnado en varias excursiones fuera del centro, se encargó de las clases de los alumnos de infantil y supervisó las guardias de las tardes. A los pocos días, recibió un informe de la comisión médica de valoración dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. En dicho documento se determinaba que no era apta para el desarrollo de las funciones como docente de Educación Especial-Pedagogía Terapéutica atendiendo al grado de agudeza y campo visuales.

En ese momento, la profesora regresó a Galicia, donde empezó un ‘periplo administrativo’. Acudió al equipo de valoración de la discapacidad de la Xunta de Galicia, así como al Servicio Gallego de Salud. “Los técnicos gallegos me pusieron una adaptación (se puede considerar como un consejo) que fue que en mi lugar de trabajo hubiese algo más de luz, y en su defecto, suficiente luz fría. Pero nada más”, explica. Un aspecto que, tiempo después, incluyó en las alegaciones y que la administración canaria se negó a acometer.

Uxía preparando una de sus clases | Foto cedida por Uxía García

PRÁCTICAS SIN SUPERVISIÓN

“Lo que más rabia me da es que nadie me evaluó”, asevera Uxía. Los funcionarios de carrera tienen que pasar por un periodo de prácticas en el que reciben supervisión. “Tenemos que pasar una serie de cursos online, realizar una memoria y, por último, la tutora y la directora del centro tienen que emitir un informe favorable. Y ambas lo hicieron”, rememora.

Pero no solo ellas. También sus compañeros aseguran que la labor de Uxía como docente fue impecable. José (nombre ficticio para proteger su verdadera identidad) forma parte del profesorado del centro escolar donde trabajó la joven. Se muestra indignado con lo sucedido. “Nadie vino a valorarla. Y ahora alguien desde un despacho firma que no está capacitada. ¡Es surrealista!”, esgrime. Uxía cesó como maestra en prácticas el 30 de noviembre ante el estupor de colegas y alumnos, que le habían tomado mucho cariño, como ratifica su compañero.

Desde el Consejo Territorial de ONCE Canarias, su presidente, Miguel Ángel Déniz, acompaña a la afiliada en la difícil situación en la que se encuentra. “Es un caso de discriminación en el acceso al empleo público y vulneración de los derechos le asisten como persona con discapacidad”, puntualiza. Además, confía en que “el Gobierno de Canarias reconsidere una decisión que es equivocada”. De hecho, Déniz se entrevistará la próxima semana con la directora de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

A la joven le queda por delante una difícil batalla judicial y laboral que lidiar. “Mi esposo es soldador y dejó su trabajo para venirse a Canarias. Tenemos un niño de dos años y ningún tipo de ingreso”, sentencia. Pero Uxía García es una profesora que nunca ha permitido que su discapacidad visual le diese ‘lecciones’ y no está dispuesta a abandonar su vocación de enseñar a niños tambien con discapacidad.