En el documento que marca las líneas de actuación del partido, el PSOE prevé que la nueva ley de vivienda defina las zonas del mercado tensionadas, los grandes tenedores, movilice las viviendas vacías y atienda particularmente a las personas sin hogar o en riesgo de perderlo.

Recoge la “creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible. Prórroga de contratos, congelación de rentas y limitación de precios”.

El documento también introduce el concepto de vivienda asequible incentivada para incrementar la oferta a corto plazo, la garantía mínima de 30 años para una vivienda protegida, ayudas a los perfiles más vulnerables como víctimas de violencia de género o personas que sean desahuciadas y programas específicos de acceso para los jóvenes.

El PSOE, principal partido en el Gobierno, promueve en la ponencia marco un alquiler “asequible y social” para viviendas de nueva construcción como para las existentes, sean públicas o privadas.

El PSOE defiende su objetivo de aumentar la oferta de vivienda, rebajar el precio del alquiler y “evitar los incrementos abusivos y especulativos de los precios de los alquileres” con mecanismos que hagan que la vivienda no suponga más de un 30% de los ingresos, “revisando si es necesario los conceptos de unidad de convivencia”.

“Nuestro objetivo es que haya viviendas en alquiler suficientes tanto públicas a precio regulado como privadas con incentivos para tener precios asequibles como para que quien quiera acceder a una vivienda se lo pueda permitir”, señala.

Propone que se cree un parque de vivienda para alquiler social y que se acompañe de “una mejora ambiciosa del marco fiscal y de garantías públicas al alquiler que sirvan de estímulo para la concertación con los propietarios privados de una oferta a precios asequibles, especialmente en aquellas zonas donde el mercado residencial está tensionado y cuando se alquile a colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda”.

Para los perfiles más vulnerables, el PSOE ve “imperativo impulsar y potenciar una política ambiciosa de ayudas directas” y la necesidad de que los propietarios, especialmente los grandes gestores y las entidades financieras, se impliquen junto con las administraciones para ofrecer alquileres o compras “asequibles”.

Para las personas sin hogar se compromete a crear una red de recursos residenciales “a modo de viviendas normalizadas en entornos barriales” y para la ocupación ilegal de viviendas plantea “abordar la cuestión desde la garantía del derecho a la vivienda y la atención social a la vulnerabilidad, pero también desde el compromiso de combatir las estructuras mafiosas que delinquen con las ocupaciones de vivienda y alteran la vida de las comunidades y con la defensa de la propiedad privada ante estas ocupaciones conflictivas e ilegales”.