El plan lo ha compartido esta mañana Función Pública con ellos y, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), supone “la destrucción de 1.194 plazas de personal administrativo, en ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social, y de personal laboral”.

En UGT han denunciado a su vez que en la “última década se han perdido más de 40.000 puestos de trabajo, lo que supone un 22% del total de recursos humanos de la AGE”, y la oferta planteada para el 2021 “no garantiza el mantenimiento de una atención adecuada a la ciudadanía en organismos esenciales como Seguridad Social, Agencia Tributaria o SEPE”.

En CSIF avisaron de que, además de no cubrir las bajas de los últimos años, tampoco cubrirá las jubilaciones que se van a producir puesto que se estima que el 56,30% de la plantilla se jubilará entre ahora y el 2030.

Este sindicato detalla que en los últimos 10 años se han perdido “aproximadamente 50.000 empleos”, y en la oferta del 2021 se produce un “incremento neto de 2.595 plazas, teniendo en cuenta que en 2020 se perdieron 9.120 efectivos”. “De seguir a este ritmo de recuperación, se necesitarían 20 años para alcanzar el empleo estructural perdido en la AGE”, agregaron en CSIF, donde avisaron del riesgo de perjudicar al propio servicio que se presta a los ciudadanos.

Junto a UGT, han solicitado una planificación plurianual que permita corregir las carencias estructurales en recursos humanos que arrastra la Función Pública, y autorizar una oferta de empleo extraordinaria que “permita un incremento importante sobre la tasa de reposición fijada en la Ley de Presupuestos del 2021”.