Desde la Moncloa señalaron que el convenio se apoya en el artículo 11.3 de la Constitución, que reconoce al Estado la posibilidad de concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o "con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España", y el firmado con Francia es el primero de esta naturaleza con un Estado no perteneciente al ámbito iberoamericano.

La firma del convenio tuvo lugar en el marco de la última cumbre hispano-francesa, celebrada en Montauban, el 15 de marzo de 2021. El principal objetivo es dejar de exigir a los nacionales de ambas partes la renuncia a su nacionalidad de origen cuando adquieran la nacionalidad de la otra parte, no previéndose ni vías privilegiadas de acceso a la nacionalidad, ni una reducción del número de años para la obtención de la nacionalidad española por residencia, que seguirá siendo de 10 años para los ciudadanos franceses.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 13 de mayo de 2021, consideró necesaria la autorización de las Cortes Generales previa a la conclusión del Convenio, al encontrarse encuadrado en los supuestos a que se refieren los apartados c) y e) del artículo 94.1 de la Constitución española.