En concreto, se trata de un proceso que anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que en 2019 desestimó el recurso presentado por Ribera Salud contra la Generalitat al haber decidido ésta revertir la concesión de la gestión del Hospital de Alzira “de forma precipitada, sin razones y sin consenso”, apuntó el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente.

La Asociación aplaude este paso del Tribunal Supremo con la doctrina Ribera Salud que supone “un antes y un después” en la reversión de las concesiones por parte de las administraciones públicas en España, que tendrán que justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de estas decisiones.

Tal y como explicó Ángel Puente, “esta decisión ofrece una garantía de estabilidad presupuestaria que impide que se tomen decisiones en función de criterios arbitrarios ideológicos y de intereses puntuales que afecten a la salud de los ciudadanos”. Y es que, a su juicio, “los ciudadanos son siempre los más perjudicados, ya no solo en el acceso a los servicios sanitarios, que se ven mermados con este tipo de decisiones, sino también a nivel económico, pues acaban pagando sus efectos”.

Puente, que reiteró el apoyo de la asociación a Ribera Salud, recuerda que el Ejecutivo valenciano ya manifestó su intención de realizar una acción en esta línea, proponiendo la no renovación de la concesión del Hospital de Torrevieja únicamente por motivos ideológicos, un centro “que funcionaba perfectamente y que la Generalitat quería revertir en el peor momento posible de la pandemia, desatendiendo las necesidades reales de los usuarios”.

En este sentido, subrayó la importancia de que “no se vuelvan a repetir errores” en esta línea y que los cambios en la gestión de la sanidad respondan únicamente a criterios sanitarios y de coste para las arcas públicas. “No debemos dejar de lado que los fondos públicos se nutren del dinero de los contribuyentes y, si nunca es momento para aventurarse a experimentos, mucho menos ahora con la situación económica y sanitaria propiciada por la pandemia”, apuntó.

En esta línea, Puente destacó el buen funcionamiento de las fórmulas de colaboración público-privada en materia de salud que, “si han sido necesarias en los últimos años para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), se han convertido en imprescindibles desde que irrumpiese la pandemia, demostrando que lo verdaderamente importante es garantizar la mejor atención posible a la ciudadanía”.

“Y esta óptima atención nada tiene que ver con decisiones ideológicas y caprichosas que contribuyen a generar incertidumbre en los pacientes y en los profesionales. Nuestros representantes políticos están obligados a resolver problemas, y no a crearlos allí donde no existen”, apostilló Ángel Puente.