Según informó la Policía este lunes, la investigación policial comenzó en el momento en el que los agentes advirtieron que una persona estaba introduciendo grandes cantidades de tabaco crudo con el objetivo de tratarlo para su posterior distribución por diversos lugares de la Península Ibérica. La organización no contaba con las autorizaciones administrativas pertinentes y eludió todos los controles sanitarios y fiscales sobre dicha actividad comercial.

La persona investigada había establecido en una localidad de la provincia de Zamora un centro logístico intermedio de distribución de la mercancía entre España y Portugal en el que recibía la mercancía, lo cual dificultó la labor de control por parte de la Guarda Nacional Republicana (GNR) lusa. Asimismo, la tabacalera ilegal mantenía un punto de tratamiento del tabaco en el municipio de Villoruela (Salamanca).

Esa cooperación policial entre el país luso y España, aunque también de la Europol, posibilitó vincular a un ciudadano portugués investigado por hechos similares con la persona investigada en España en el marco de una relación de negocios.

Todo ello llevó a la realización de un total de 59 registros en Portugal y 4 en España, en los cuales se han intervenido más de 11 toneladas de tabaco crudo, diverso material para su procesado y empaquetado, además de sustancias para aromatizar el tabaco. Ello ha supuesto un importante perjuicio para la Hacienda Pública por el desvío para la fabricación clandestina de cigarrillos.

Por otra parte, a la persona que había establecido en un municipio de la provincia de Zamora un centro logístico intermedio de distribución entre los dos países de la península ibérica se le imputa un presunto delito de tráfico de drogas debido al hallazgo de 10 kilogramos de cannabis en el transcurso del registro de su vivienda. Finalmente, se considera desarticulada dicha organización criminal transfronteriza y se ha puesto fin al fraude fiscal cometido.