A su juicio, esta propuesta debería incidir más “en fomentar la inmigración legal y regulada”, y eso será lo que España defenderá “de cara a las negociaciones”.

Sí quiso dejar claro que el acuerdo no está cerrado, y dijo entender “y empatizar con las razones de todos los Estados", también con aquellos que defienden posturas totalmente opuestas a la española.

Por otro lado, Perea subrayó que, “para España, prima siempre la condición de menores por encima de la de migrantes” en cuanto a la protección y defensa de sus derechos. Así lo defenderá en Europa, y apuntó que este principio es el que ha marcado las actuaciones del Gobierno en Ceuta y Canarias.

En la misma línea, reiteró que su departamento trabaja en la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería para permitir que los menores tutelados por las administraciones “no caigan en la irregularidad sobrevenida al cumplir los 18 años de edad”.

Hasta ahora, “quedaban en un limbo jurídico al cumplir los 18 años y salir del sistema de protección”, explicó, que “les impedía el acceso al mercado de trabajo e interrumpía su proceso de inclusión”. Esto es lo que “vamos a corregir” en colaboración con las comunidades autónomas, declaró.