Lo ha establecido en un informe presentado este miércoles por el relator especial de la ONU sobre la pobreza, Olivier De Schutter, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En ese sentido, recordó que “hace más de dos años, antes de que se produjera la pandemia de la Covid-19, la Organización Mundial de la Salud dijo que los gobiernos tenían que arreglar el tejado antes de que llegara la lluvia. Y, sin embargo, a los países todavía les pilló desprevenidos en 2020”.

Por ello, proclamó que “el mundo puede y debe hacerlo mejor la próxima vez”, teniendo en cuenta que los países de bajos ingresos “no pueden prepararse por sí solos”, por lo que “un nuevo mecanismo a nivel internacional proporcionaría tanto los incentivos adecuados como la sostenibilidad financiera necesaria para establecer sistemas sólidos de protección social”.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 55% de la población mundial (4.000 millones de personas) carece de cualquier forma de protección social, mientras que el 16% (1.200 millones) sólo disfruta de una protección parcial. A ello se suma que sólo el 35% de los niños se beneficia de subsidios infantiles que les garanticen el cuidado, la nutrición y la educación.

Ante esta situación, De Schutter aseveró que “el panorama general es claro: en el pasado se invirtió demasiado poco en sanidad, desempleo, pensiones de jubilación o subsidios por hijos e invalidez. Y los pobres están pagando ahora el alto coste de este error”.

En ese sentido, indicó que las inversiones en este tipo de programas públicos, que forman parte de los sistemas de protección universal, habrían evitado “en gran medida” los entre 88 y 115 millones de personas que fueron empujadas a la pobreza extrema en 2020 y los entre 23 y 35 millones que se esperan para este año.

Por ello, De Schutter comentó que crear un Fondo Mundial de Protección Social es “factible y asequible, pero requiere voluntad política”, al tiempo que puso de manifiesto que “la protección social no es sólo un coste que pesa sobre los presupuestos públicos, es una inversión que beneficia a las sociedades a lo largo de generaciones, ayudando a aumentar los niveles de educación, mejorando la seguridad alimentaria y la salud, y produciendo beneficios económicos para las economías locales”.

También avanzó que el Fondo Mundial para la Protección Social permitirá a los países beneficiarios aumentar gradualmente sus propios niveles de financiación dedicados a la protección social, por lo que “en lugar de crear una nueva forma de dependencia, ayudará a identificar nuevas fuentes de ingresos nacionales y garantizará niveles sostenibles de apoyo a los países comprometidos con estos programas”.

Esto permitirá que el apoyo internacional “pueda ser eliminado una vez que los países hayan mejorado su capacidad para aumentar los impuestos de forma progresiva y redistribuirlos de forma equitativa en forma de protección social universal”.

Por último, celebró que esta cuestión vaya a ser tratada en la mesa de trabajo de la OIT, lo que le dio pie a instar a la puesta en marcha este instrumento en junio de 2022, ya que “el mundo no puede esperar a que se produzca la próxima pandemia para estar preparados”.