Según informó Cultura, esta reforma surge tras la aparición de nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión de un entorno global dominado por la cultura y la economía digital.

De este modo, se hace necesario ampliar el ámbito de actuación de la norma y revisarse aquellos aspectos que resultan obsoletos, insuficientes o ineficientes. También se busca alinearla con los criterios europeos en materia de ayudas públicas y en la estrategia de avanzar en la doble transición verde y digital.

La Ley del Cine, de 2007, regula la actividad cinematográfica y audiovisual; la promoción y el fomento de la creación, producción, distribución y exhibición de las obras audiovisuales; y la protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual español.

Cultura dejó claro que su reforma “seguirá cumpliendo con los principios fundamentales” que la inspiraron: definición y apoyo a los sectores independientes en el ámbito de la cinematografía y el audiovisual; creación de mecanismos que eviten los posibles desequilibrios en el mercado; adaptación a las nuevas tecnologías y formatos, con especial atención a los procesos de digitalización; y respaldo a la creación y a los autores como fuente de origen de la relación de las obras cinematográficas y audiovisuales con los ciudadanos.

La consulta pública estará abierta hasta las 24 horas del día 25 de julio, y las contribuciones deben enviarse a la dirección de correo electrónico ‘reformaleycine@cultura.gob.es’.