En su discurso en la Junta General de Accionistas de la compañía, Galán señaló que el Estado “recibe, no solo unos cuantiosos impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2 que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros”.

Por ello, apuntó que “son muchos los factores que afectan al precio de la electricidad pero, sin duda, el más significativo es el grado de impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos”.

En consecuencia, celebró las recientes declaraciones de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados, acerca de una posible reducción de los impuestos, cargos y tasas, que, según Galán, ya suponen cerca del 60% de la factura que pagan los usuarios.

Por otro lado, criticó el anteproyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico con el objetivo de que tecnologías como la nuclear o la hidráulica vean reducidos sus beneficios.

“Confiamos en que el anteproyecto de ley recientemente presentado en nuestro país, que introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras, sea reconducido a lo largo de su tramitación para buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre la política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable”, indicó Galán.

En esta línea, defendió que así se han manifestado “multitud de agentes y organismos en sus alegaciones al anteproyecto de ley y también los principales analistas financieros y agencias de rating”.

“Es imprescindible que el marco regulatorio preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores”, prosiguió el presidente de Iberdrola, quien aseguró que “en Iberdrola mantendremos una actitud dialogante, pero también nuestro compromiso con la defensa de los intereses de los accionistas”.