Lo dijo en un encuentro con la prensa en el que avanzó que el departamento dirigido por Irene Montero ha tomado esta decisión después de que recientemente el Consejo de Estado haya dado su “respaldo unánime a la norma”.

Esta ley, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2020, ha tenido que ser perfilada por el Ministerio de Igualdad y por el de Justicia tras los informes que el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hicieron de la norma.

El Ministerio de Justicia es coproponente de la ley porque, entre otros puntos, modifica el Código Penal para incluir como agravante el sexo no consentido dentro de la pareja (violación dentro de la pareja) o los fármacos para anular la voluntad de la víctima. También revisará el acoso callejero y eliminará el concepto de abusos sexuales, que pasarán a ser agresiones.

La ratificación y la remisión a las Cortes de la norma supondrá, según Rosell, una “gran noticia” para las mujeres, ya que permitirá “cerrar la brecha de protección” iniciada con la ley contra la violencia de género de 2004, que circunscribía esta lacra al ámbito de las parejas o exparejas.

El nuevo texto, entre otros hitos, continuó Rosell, incluye la noción de ‘violencia vicaria’, que es aquella en la que el agresor utiliza a los hijos como instrumento para hacer daño a la madre o expareja, y cuya máxima expresión se ha visto recientemente en el caso de las niñas desaparecidas en Canarias.

Victoria Rosell reconoció que en el articulado de la ley se han incorporado “algunos cambios”, siguiendo las recomendaciones de los informes del Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, si bien ninguno de ellos afectará a la “definición de consentimiento”.

Por último, dejó claro que la ley cuenta con una “calidad altísima” y con las “garantías” suficientes para ser aprobada definitivamente en el Consejo de Ministros de la semana que viene.