Así lo señalaron fuentes de Hacienda después de que este miércoles la Comisión Europea haya decidido remitir un dictamen motivado a España por la no conformidad de su legislación nacional con la directiva sobre morosidad, que obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos).

En concreto, la Comisión envía este dictamen motivado en el contexto del procedimiento de infracción incoado en 2015 por los retrasos excesivos en los pagos por parte de sus autoridades públicas, pero reconoce los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público.

Sin embargo, añadió la Comisión, “aunque en este tiempo las autoridades centrales han realizado avances considerables, la Comisión está preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva”.

España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos de la Comisión y, en caso de ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia.

Ante este dictamen de la Comisión, fuentes de Hacienda recordaron que desde que Pedro Sánchez es presidente del Ejecutivo el Periodo Medio de Pago a Proveedores de las comunidades autónomas se ha reducido un 19,4%, pasando de los 33,45 días en junio de 2018 a los 26,96 días de diciembre de 2020, y que el dato de diciembre supuso bajar por primera vez de los 30 días desde el inicio de la serie, en abril de 2018. Este dato, además, se vio mejorado en marzo, al situarse en 26,26 días, el mínimo histórico de toda la serie.

Asimismo, las mismas fuentes de Hacienda apuntaron que la deuda comercial de las autonomías ha ido bajando en 2021 y en marzo vuelve a registrar mínimos históricos, por debajo de los 3.000 millones, mejorando los datos de enero y febrero, mientras que, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018, dicha deuda superaba los 4.000 millones.

En cuanto al PMP de las entidades locales, desde Hacienda subrayaron que se ha reducido un 26%, pasando de los 64,66 días registrados en junio de 2018, a los 47,9 a cierre de 2020.

En lo que se refiere a la administración central, en junio de 2018 el PMP se situaba en 45,56 días, mientras que a cierre de 2020 era de 24,21 días, un 46,8% menos. Por último, en el caso de la Seguridad Social, el PMP de 2018 fue de 22,94 días, mientras que en diciembre de 2020 se registró un período medio de pago de 10,55 días, un 54% menos.

Por otra parte, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero destacaron que las comunidades autónomas y las entidades locales han recibido este año y el anterior una financiación récord que les ha permitido reducir sus períodos de pago y que, gracias a los recursos transferidos por el Gobierno, las autonomías lograron rebajar por primera vez de los 30 días.

Asimismo, destacaron que el Ejecutivo valora positivamente que la propia Comisión Europea reconozca los esfuerzos realizados por España en los últimos años para mejorar los resultados de pago de su sector público, y señalaron que el Gobierno ha establecido medidas para dotar de liquidez a las comunidades y las entidades locales para que puedan afrontar esos pagos y tener sus finanzas saneadas frente a la Covid-19.