Según informó la propia Comisión, este miércoles ha enviado una carta de emplazamiento a Italia y un dictamen motivado a España por la no conformidad de su legislación nacional con la Directiva sobre morosidad, que obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de treinta días (o de sesenta días en el caso de los hospitales públicos).

Así, en el caso de España, la Comisión le envía un dictamen motivado en el contexto del procedimiento de infracción incoado en 2015 por los retrasos excesivos en los pagos por parte de sus autoridades públicas, pero reconoce los esfuerzos realizados por España en los últimos seis años para mejorar la puntualidad de los pagos de su sector público.

Sin embargo, añadió la Comisión, “aunque en este tiempo las autoridades centrales han realizado avances considerables, la Comisión está preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva”.

España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión y, en ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir llevar al país ante el Tribunal de Justicia.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Por otro lado, la Comisión ha decidido también este miércoles enviar cartas de emplazamiento a Alemania y Grecia y dictámenes motivados a Bélgica, España y Austria para solicitarles la transposición correcta y completa a sus ordenamientos jurídicos nacionales respectivos de la directiva revisada sobre normas de seguridad básicas en cuanto a protección radiológica.

Los Estados miembros debían transponer la directiva a más tardar el 6 de febrero de 2018, pero la Comisión considera que Grecia no ha cumplido algunos de los requisitos establecidos en ella y que Bélgica, Alemania, España y Austria no la han transpuesto de manera completa.

Esta directiva, que moderniza y consolida la legislación de la UE sobre protección radiológica, establece normas de seguridad básicas para proteger a la población, a los trabajadores y a los pacientes contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. También incluye disposiciones sobre la preparación y la respuesta ante emergencias que se reforzaron tras el accidente nuclear de Fukushima.

Los Estados miembros disponen de dos meses para subsanar las deficiencias constatadas por la Comisión. De lo contrario, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado a Alemania y Grecia y llevar a Bélgica, España y Austria ante el Tribunal de Justicia.