Los fondos deberán ser destinados a la financiación de proyectos o programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias, para el desarrollo del Pacto.

El Ministerio de Igualdad realizará el seguimiento y control de la aplicación de los créditos, con objeto de comprobar el destino específico para el que fueron transferidos y su adecuada ejecución.

La principal novedad en este ejercicio es que se amplía a qué programas y actuaciones pueden destinar las comunidades y ciudades autónomas el 10% de los fondos, dando así cumplimiento a una de las peticiones trasladadas por los territorios.

La distribución de estos 100 millones de euros tendrá en cuenta distintas variables y ponderaciones como la insularidad (4 millones), su posición como ciudad fronteriza (2 millones), el número de mujeres de cada territorio (42,5 millones), así como el número de mujeres con trabajo temporal o paradas (20 millones), mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad (2,5 millones en cada uno de los tres supuestos anteriores).

También se valoran cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural, con un reparto de 14 y 10 millones respectivamente, según informó el Ministerio de Igualdad.