En su declaración ante el juez Juan José Escalonilla, Cánovas aseguró que la gerente del partido, Rocío Val, no tenía competencias para aprobar complementos salariales de los que ella misma se benefició, al igual que el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos. Los dos están imputados en esta causa.

La exsenadora aseguró saber que “había sobresueldos”, aunque insistió en que “no nos informaban de nada”. Por su parte, la defensa de Podemos insistió en que la dirección de la formación había habilitado a Val para poder aprobar complemento salariales mediante un acta notarial que la exsenadora dijo no conocer.

Pese a ello, la exsenadora insistió en que “los estatutos dicen lo que dicen” y no facultan al gerente para aprobarlos, puesto que ese tipo de complementos salariales deben estar contemplados en los presupuestos de la formación y ser aprobados por el Consejo Ciudadano Estatal.

Podemos se ha opuesto que se tomara declaración a la exsenadora, que ejerce la acusación particular en la causa tras denunciar que Podemos la acabó entregando un recibo por una donación suya de 5.000 euros, cuando en realidad el dinero entregado sólo llegó a los 3.000 euros. En esto se basaba su acusación de blanqueo de capitales.

En el curso de la declaración, los abogados de Podemos explicaron que tenían documentación que justificaba la realización de tres transferencias por parte de Cánovas cuya suma completaba los 5.000 euros.

Antes de la entrega de dicha documentación, aseguraron estas fuentes presentes en la declaración, la exsenadora admitió que había incurrido en un error y asumió como ciertas las cifras aportadas por la defensa, que puso de relieve la “animadversión” de la testigo, que además ejerce como acusación particular en esta causa.

Por tanto, dijo el abogado Gorka Vellés, que representa a Podemos, la acusación de blanqueo “no tiene fundamento” y la declaración de la testigo “no ha aportado mucho más porque no conocía a la gerente, no preguntó nunca para qué se donaba el dinero, tampoco conocía a los responsables de la estructura organizativa y la caja de solidaridad se crea un año después de que ella dejara de hacer donaciones”, por lo que consideró su testimonio “irrelevante”.

El letrado explicó que al ser preguntada más detalladamente sobre su conocimiento del pago de sobresueldos se limitó a admitir que “le habían dicho que había algo irregular, pero sin concretar esas irregularidades”. Preguntada por quién le hizo esa advertencia, la exsenadora se ha negado a dar nombre alguno. “Nos hemos quedado sin saber cual era la irregularidad y quién era la persona que le habló de ello”, concluyó.

Por su parte, el juez Escalonilla admitió esta declaración solicitada por Vox y advirtió a los abogados de Podemos de que en esta causa no se investigan hechos de “naturaleza política” y que está “fuera de lugar” arrojar sospechas en ese sentido.

En su calidad de acusación particular, Cánovas pidió al instructor que imputase por administración desleal a la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por avalar supuestamente el reparto de sobresueldos irregulares entre algunos de sus dirigentes.