Así lo denunció la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, en un comunicado en el que precisó que los convenios internacionales en materia de protección y de derechos de la infancia “impiden estas devoluciones sistemáticas y colectivas en caliente”.
“Se trata de una práctica que no vela por el interés superior del menor”, agregó, al tiempo que instó a “asegurar que se realice una valoración individual y personalizada de los perfiles más vulnerables que necesitan protección”.

En este sentido, la organización advirtió de que la situación en Ceuta requiere de una “rápida respuesta humanitaria” y un “apoyo inmediato” a los servicios de protección de la infancia para que puedan realizar una “adecuada” atención psicosocial con personal especializado que valore las necesidades de protección de la infancia, las mejores soluciones para su situación personal, así como los posibles “riesgos” en origen de modo que se puedan “garantizar” sus derechos.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Save the Children lamentó que, ante la situación de emergencia “sin precedentes” que enfrente la ciudad autónoma, no haya un protocolo de actuación que permita identificar a los perfiles “más vulnerables y susceptibles de recibir protección”, entre los que citó a los niños, las personas solicitantes de asilo y las víctimas de trata, por lo que reclamó un mecanismo de cribado “inmediato” tras la entrada al territorio.
Tras incidir en que Ceuta necesita ayuda para “gestionar” esta situación, Perazzo urgió a articular un protocolo “ágil de respuesta compartida tanto a nivel español como a nivel de la Unión Europea”. “Urge establecer un mecanismo de reparto interterritorial en nuestro país y en Europa para equilibrar responsabilidades entre comunidades autónomas y a los países fronterizos”, aseveró.
Junto a ello, la ONG volvió a reivindicar un “giro drástico” en las actuales políticas migratorias de España y la Unión Europea “para que no estén centradas en el control de fronteras y su externalización” así como una gestión “integral” con canales de migración “legales y seguros” para el acceso a Europa y con mecanismos de responsabilidad “conjunta” entre todos los territorios involucrados.
“Asimismo, deben conocerse las necesidades en origen de las personas que migran forzosamente para poder llevar a cabo políticas de cooperación que den respuesta a estas situaciones”, sentenció la organización.