Su consejo lo emite en el Informe Anual del organismo correspondiente al ejercicio 2020 publicado este jueves ante la posibilidad que el propio fondo Next Generation UE abre a los países para utilizar sus recursos en reformas como puede ser la laboral o de pensiones para “ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental”.

A juicio del Banco de España, corregir los problemas laborales “exige reducir la elevada dualidad entre los trabajadores temporales e indefinidos y reforzar las políticas activas de empleo” y ahora se ofrece la oportunidad para acometer esas reformas difíciles de adoptar por los elevados costes iniciales que entrañan como podría ser la implantación de la “mochila austriaca”.

Su consejo es adoptarla además junto una “reforma de los costes de despido” para paliar la alta temporalidad, que siempre sufre “de manera desproporcionada” la destrucción de empleo cuando hay problemas y, a la larga, lastra a la propia economía.

Según subraya, los trabajadores temporales “predominan” además entre los colectivos “particularmente vulnerables”, como los jóvenes y empleados con menor formación, incidiendo “muy negativamente en ámbitos tan diversos como la evolución de la desigualdad, la incertidumbre respecto a los ingresos laborales futuros, el ritmo de formación de nuevos hogares y el proceso de acumulación de capital humano, en muchos casos con carácter estructural”.

La llamada “mochila austriaca” es una hucha que las empresas van alimentando para que el empleado cuente con dichos recursos en caso de despido, si se cambia a otra compañía o, incluso, pudiendo disponer de ella cuando acceda a su jubilación. Su principal escollo sería construirla desde cero por el elevado esfuerzo para las empresas y más en la situación actual.

Por ello el Banco de España aboga por que sea el Estado el que corra con el grueso de la factura de construcción de la hucha inicial y las empresas vayan después realizando aportaciones de acuerdo a los nuevos sistemas de costes de despidos que se aprueben para facilitar su adopción sin perjudicar los derechos adquiridos de trabajadores ya contratados.

A título aproximativo estima que “el coste total para las arcas públicas de financiar la transición sería de unos 8.660 millones de euros” tomando para su cálculo los datos laborales existentes entre el 2013 y 2016, una teórica rebaja del 50% en todos los costes del despido y que el Estado se hiciese cargo de los primeros impactos en los primeros cinco años de su implantación con una aportación decreciente, siendo ya en el sexto ejercicio íntegra con cargo a las empresas. Su estudio eleva a alrededor de 9.000 millones el coste total de implantación para el Estado y empresas.

FAVORECER LA MOVILIDAD

“Entre los méritos de este esquema, cabe destacar un mejor alineamiento entre las decisiones de despido de la empresa y la productividad individual de cada empleado, ya que se reducen las diferencias en la cuantía de la indemnización pagada por la empresa, en el momento del despido, en función del tipo de contrato o de la antigüedad del trabajador”, refiere el informe, que también cree que el empleado tendría estímulos para aceptar empleos mejores o más acordes a su cualificación.

Para las empresas les “permitiría suavizar en el tiempo posibles tensiones de liquidez” además al ir nutriendo la hucha de forma progresiva y “en lugar de tener que hacer frente a ellos de forma íntegra en el momento de un eventual despido”.

Para evitar que las empresas sean “más propensas a despedir al reducirse a la mitad el coste marginal de esta decisión” propugna por completar dicha medida con un esquema ‘bonus-malus’ que penalice a las compañías con alta rotación y las bonifique si la plantilla es estable en sus aportaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el informe y también en materia de empleo, el Banco de España aboga por que los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), que llegaron a cubrir al 20% de los asalariados en el pico de los ajustes por la pandemia, se vuelvan a adaptar a la situación económica y sanitaria y se focalicen para “facilitar la necesaria reasignación del empleo hacia las empresas y los sectores más productivos”.

El Banco de España defiende su mantenimiento para evitar destrucción de empleo en las actividades aún perjudicadas por las restricciones, pero apuesta por reorientarlos para “facilitar la adaptación del tejido productivo al escenario generado por la pandemia y acomodar los procesos de reasignación que tengan un carácter estructural”.

A tal efecto, aconseja complementar dicha herramienta con otras medidas abogando de forma particular por que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social aplicadas a las empresas “estuviesen más vinculadas con la participación de los trabajadores afectados por un ERTE en programas de formación que mitiguen las pérdidas de capital humano asociadas a largos períodos de inactividad y, en su caso, permitan la reasignación hacia otros empleos”.

Además, se muestra partidario de “valorar” si la prohibición de despedir cuando se ha aplicado un ERTE durante los seis meses posteriores “podrían incidir negativamente sobre la viabilidad de algunas empresas que estén reactivando su actividad o dificultar el mencionado proceso de reasignación de recursos”.