Pineda presentó la denuncia el pasado 16 de abril, cuando el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional en su contra estaba ya en su recta final. En este juicio está acusado de los delitos de extorsión, estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y contra la Hacienda Pública. La Fiscalía pide para él 119 años de prisión.

Además, Pineda está personado como perjudicado en la pieza separada del ‘caso Tandem’ que versa sobre los encargos del BBVA a Villarejo. Según la investigación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró una denuncia anónima contra el presidente de Ausbanc el 2 de febrero de 2015. El denunciante quiso ocultar su identidad por temor a represalias.

En un registro realizado por Asuntos Internos en el domicilio de Villarejo, se encontró el borrador de una denuncia que era exactamente igual a la presentada ante la UDEF. Pineda esgrime en su denuncia que los metadatos de ese documento datan su creación el 18 de diciembre de 2017, por lo que sería plausible la hipótesis de que el comisario podría haber participado en su elaboración.

También señala que la Policía hizo una consulta al Registro Mercantil sobre una de las sociedades de Ausbanc investigada (Ausbanc Consumo) que se expidió a las 10.13 horas del 9 de enero de 2015, semanas antes de que se formalizara la denuncia anónima y se abriera una investigación. El objetivo último de Pineda es conseguir la anulación del juicio al que ha sido sometido.

Según la instrucción del ‘caso Villarejo’, el expresidente del BBVA Francisco González asistió a una reunión con la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía en el complejo de Canillas (Madrid) el 7 de enero de 2015 en la que se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima para propiciar una investigación contra Ausbanc, según recoge la Fiscalía.

La investigación ha desvelado que en abril de 2013 Villarejo, que era policía en activo, realizó un informe sobre Ausbanc por encargo del BBVA, que pagó más de 2,1 millones de euros a la empresa Cenyt, propiedad del comisario. Pineda ha venido sosteniendo que el banco pretendía destruirle como respuesta a sus actuaciones judiciales para tumbar las cláusulas suelo.