Lo dijo la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que subrayó que, con este texto, el Ejecutivo reafirma su “firme compromiso” con la defensa de los derechos de este colectivo a nivel nacional e internacional.

María Jesús Montero dejó claro que el Gobierno mantendrá su voluntad de aprobar todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar los derechos y libertades de las personas lgtbi, con el fin de “erradicar las discriminaciones, ataques y actos de violencia” que sufre este colectivo.
Recordó que en 2005 España “dio un salto de gigante” y fue “ejemplo internacional” al convertirse en el tercer país del mundo que legalizó el matrimonio igualitario, un hito que, como aseguró el presidente del Gobierno de la época, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo “a este país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”.

La portavoz del Gobierno dejó claro que Moncloa es consciente de la necesidad de dar pasos para garantizar la “ciudadanía plena” de las personas lgtbi, en términos de derechos y libertades, más si cabe “en un momento en que se cuestionan y se retrocede” en lo referido a los derechos del colectivo y se asisten “a un aumento de los delitos de odio por identidad sexual y de género”.

Por último, aseveró la importancia de incentivar la puesta en de políticas públicas que auspicien una “igualdad real y efectiva” y permitan luchar contra la discriminación en España y en el resto del mundo.

DECLARACIÓN

La declaración institucional incide en el hecho de que la pandemia del coronavirus “no ha hecho más que acelerar el deterioro en el disfrute” de los derechos de las personas lgtbi, al tiempo que el último del Ministerio del Interior, confeccionado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, establece que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género suponen la tercera causa del total de delitos de este tipo, lo que supone un incremento del 8,6% respecto a 2018.

Al mismo tiempo, la II Encuesta Lgtbi elaborada en 2019 por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales pone de manifiesto que el 43% de la población en España cree que su gobierno combate eficazmente los prejuicios e intolerancia hacia las personas el colectivo, un guarismo superior a la media del conjunto de los Estados miembros, que se situó en el 33%.

A pesar de ello, según señala la declaración, “el miedo todavía impide a muchas personas lgtbi mostrarse tal y como son”, ya que, según esta encuesta, en España el 48 % de los miembros del colectivo no se atreve a coger la mano de su pareja en público, y un tercio evita ir a determinados lugares.

Por esa razón, el texto establece que “los poderes públicos deben implementar políticas decididas que, desde el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, promuevan la igualdad real y efectiva de las personas lgtbi y la lucha contra toda forma de discriminación”.

En ese sentido, prescribe la importancia de concienciar al conjunto de la ciudadanía y destacar la diversidad sexual, de género y familiar, “desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes y resilientes. La cohesión social pasa necesariamente por la apuesta por la cultura de la diversidad y la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio”.

De este modo, deja claro que la promoción de la igualdad de las personas lgtbi obliga a desarrollar medidas específicas en diversos ámbitos, con el fin de “prevenir y erradicar el acoso homofóbico y transfóbico, para impulsar las políticas de gestión de la diversidad en el ámbito laboral, o para fomentar la inclusión sociolaboral de las personas trans”.

Luego de enumerar las distintas las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno en favor de los derechos y libertades de este colectivo, sostiene el compromiso del Ejecutivo con “la erradicación y reproche de las conductas homofóbicas y transfóbicas en los distintos ámbitos de convivencia, en particular aquellos en los que la discriminación está más arraigada”.

También indica la conveniencia de impulsar una agenda estatal que permita avanzar en las recomendaciones establecidas por la Comisión Europea en su primera ‘Estrategia de Igualdad Lgbtiq 2020-2025’, al tiempo que reivindica la acción del Gobierno para proteger al colectivo en todos los países del mundo.