La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Ricardo Enríquez, considera que no se ha lesionado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de legalidad, porque la decisión del Tribunal Supremo está suficientemente motivada.

En efecto, su condena vino justificada en que participó activamente poniendo las bases que propiciaron las condiciones de movilización ciudadana encaminada a la celebración de un referéndum judicialmente prohibido; impidió el normal funcionamiento del Estado que actúa en defensa de la legalidad y participó tanto en la convocatoria de un referéndum ilegal como en su realización.

El tribunal de garantías asegura en su decisión que Rull acometió esta actuación después de que las instancias judiciales se advirtieran previamente a su actuación de la ilegitimidad constitucional de tales iniciativas.

La sentencia cuenta con los votos particulares del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer.