A través de la Abogacía del Estado, ha solicitado la conservación del inventario en su día elaborado e instado al Juzgado a que se determine qué bienes de los que se encuentran en el interior de la finca tienen la consideración de inmueble por haber sido incorporados de manera permanente al inmueble principal y que, por lo tanto, han de seguir la suerte del mismo.

De ese modo, no podrán ser retirados por los demandados, debiendo permanecer en poder de la Administración del Estado como titular del inmueble. Respecto de esta segunda cuestión, el incidente se ha planteado con el carácter de previo pronunciamiento, lo que implica que los bienes relacionados por la Abogacía del Estado en su escrito no podrían ser retirados por los demandados antes de que exista un pronunciamiento expreso del Juzgado al efecto.

Según informó en un comunicado, el Gobierno ha reaccionado así después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya anulado las medidas cautelares de elaboración de inventario de los bienes existentes en las Torres de Meirás y el posterior depósito judicial de los mismos.
Como solución, ha instado por escrito a la Xunta de Galicia a incoar expediente complementario “respecto de los bienes muebles o inmuebles (…) tanto dentro del recinto amurallado como en el interior del edificio por su evidente vinculación con los valores que justificaron la declaración de las Torres de Meirás como bien de interés cultural, en la categoría de sitio histórico, así como respecto de cualesquiera otros que resulten a lo largo de la tramitación del expediente vinculados a los mencionados valores”.

De ese modo, quedarían blindados todos los bienes del Pazo de Meirás y no podrían ser retirados por la familia de Francisco Franco, ya que cambiaría la protección de los mismos y la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de A Coruña.