A su llegada a las puertas del Supremo Pere Aragonés dijo a los periodistas que con su presencia quieren mostrar su apoyo a Serret ante “un procedimiento que es una continuación del juicio del ‘procés’, que se sigue aquí en el marco de una causa general contra el independentismo”.

Insistió en que los condenados en el juicio del ‘procés’ están en prisión “por haber hecho posible la democracia en Cataluña” y se mostró dispuesto a seguir denunciando “lo que es una venganza contra dirigente políticos. El referéndum del 1-O no es un delito, la democracia o puede ser más un delito y hoy nuestra compañera comparece para defender de la democracia”.

Para ERC, la única solución “ante esta dinámica de represión por parte de las autoridades judiciales es una solución democrática a un conflicto político, con una ley de amnistía que permita dar carpetazo a todo este tiempo de represión y el ejercicio del derecho de autodeterminación”.

En iguales términos se pronunció la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien aseguró que la declaración de este viernes es “un episodio más de la represión contra el independentismo” y pidió “respuestas políticas a un conflicto político”.

En nombre del JuntspelSí, Pilar Calvo, aseguró que los partidos independentistas “tenemos un objetivo común que es conseguir la amnistía”. Recordó que ayer la propia Serret decía en redes sociales que “más de 250 parlamentarios de distintos países europeos le piden al Gobierno que tire a delante una ley de amnistía”.

A su juicio, “la represión se cimenta aquí, en el Tribunal Supremo, se cimenta en Moncloa con los diferentes gobiernos que ha habido, pero empieza a resquebrajarse en el Tribunal Constitucional donde hemos visto que dos magistrados piensan que lo que ocurrió el 20-S y el 1-O fueron reuniones pacíficas, y se acabará de resquebrajar en los tribunales europeos. La única solución debe ser la amnistía”, concluyo.

Por su parte Albert Botran, de la CUP, insistió en que su formación está al lado de los presos político y exiliados y denunció que la citación de hoy es “un nuevo episodio en que se muestra la politización de esta causa” y reclamó “soluciones pacíficas, colectivas y políticas”.

Serret se entregó el pasado 11 de marzo por sorpresa en las dependencias del alto tribunal, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín. Tras regularizar su situación, el magistrado acordó su libertad, dejando sin efecto la orden de busca y captura nacional que pesaba sobre ella y la situación de rebeldía en la que se encontraba.

Sobre Serret pesaba una orden de busca y captura por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y en el ‘procés’ independentista. En el auto de libertad el magistrado acordó que Serret quedaba obligada a designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada y que comparecerá ante este órgano judicial cuantas veces fuera llamada.

La exconsejera huyó a Bélgica en octubre de 2017 como también hicieron el expresidente Carles Puigdemont y varios miembros de su Gobierno. Serret fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Sin embargo, no se ha acreditado hasta el momento que el departamento que dirigía hiciera pagos para la organización del referéndum del 1-O. Los exconsejeros que fueron juzgados por estos mismos delitos sólo fueron condenados por desobediencia.

Serret no estaba en la lista de procesados por el proceso independentista sobre los que el juez Pablo Llarena dictó Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019. Sí pesaba sobre ella orden nacional de detención.