El texto fue aprobado en una primera lectura por el Congreso de los Diputados el pasado 8 de abril. Poco después, Núñez Feijóo reafirmó su intención de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional si la norma finalmente afecta a las concesiones por actividades costeras (fijadas en un máximo de 75 años, con prórrogas incluidas), algo que, por ejemplo, preocupa a la industria conservera gallega.

Una de las cinco enmiendas aprobadas este miércoles en el Pleno del Senado, según pudo saber Servimedia de fuentes parlamentarias, es una presentada por Ciudadanos que aclara que las decisiones judiciales sobre esos permisos no tienen efectos retroactivos con la entrada en vigor de la ley. Fue aprobada por 143 votos a favor, 104 en contra y 11 abstenciones.

En este apartado, cabe destacar que la Audiencia Nacional tiene aún que decidir un recurso del Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría contra la prórroga otorgada en 2016 a Ence, que produce celulosa en una fábrica en la ría de Pontevedra.

Otra de las novedades parte de una enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-EH Bildu y pactada por todos los grupos con una nueva redacción -aprobada con 254 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones- permite a los ayuntamientos participar en obras públicas de interés general sobre construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación o desmantelamiento en centrales nucleares.

“Algo de gran valor en territorios que afrontan el cierre de las nucleares. Con el nuevo articulado, en estos casos se aplicará la normativa general sobre obras públicas de interés general, que incluye la emisión de un informe por parte de los ayuntamientos. Es decir, informarán los proyectos y podrán seguir cobrando el impuesto municipal”, explicó el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil.

Además, el Pleno del Senado aceptó una enmienda de Més per Mallorca (136 a favor, 109 en contra y 13 abstenciones) para que las praderas de posidonia estén incluidas en los ecosistemas que necesitan una estrategia de conservación y restauración por los efectos del cambio climático, algo que deberá adoptar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -donde están representados el Estado y las comunidades autónomas- en el plazo de tres años tras la aprobación de la ley.

La cuarta enmienda aprobada este miércoles, con 250 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, es otra de la Agrupación Socialista Gomera transaccionada con todos los grupos parlamentarios y que incluye correcciones técnicas y de lenguaje.

TRAMITACIÓN URGENTE

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se tramitó en el Senado mediante el procedimiento de urgencia solicitado por el Gobierno y fue solventado en apenas 14 días en la Cámara Alta, algo que fue recriminado por algunos portavoces en el hemiciclo durante el debate, que se prolongó durante algo más de cinco horas.

Los grupos en el Senado registraron 585 enmiendas, pero ocho de ellas (de la senadora independiente Ruth Goñi) fueron retiradas y tres del PSOE se incorporaron la semana pasada al dictamen de la ponencia debatido, que fue aprobado en el Pleno de la Cámara Alta con 159 votos a favor, 2 en contra y 97 abstenciones. Además, Vox presentó una propuesta de veto, que fue rechazada por 3 apoyos a favor y 254 en contra.

Las enmiendas del PSOE aceptadas la semana pasada aluden a que el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales "cooperarán y colaborarán" para cumplir la ley; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará un listado de instalaciones con puntos de recarga eléctrica de vehículos, y cada año se podrá destinar "hasta" un 25% de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para compensar los efectos de los costes "indirectos" por las emisiones de CO2 ligadas al consumo de electricidad para las instalaciones en riesgo de fuga de carbón.

Un total de 573 enmiendas se mantuvieron vivas este miércoles para su debate y votación en el Pleno del Senado, muchas de ellas rechazadas en el Congreso. Compromís (121), PP (102), Junts per Catalunya (64), Vox (58), Més per Mallorca (55) y Ciudadanos (53) fueron los partidos que más enmiendas defendieron en el Pleno de la Cámara Alta.

La gran mayoría fueron rechazadas, después de que la presidenta del Senado, Pilar Llop, dedicara cerca de 35 minutos a leer los resultados de las votaciones que fueron telemáticas.

DEBATE DE MÁS DE CINCO HORAS

El debate se prolongó durante más de cinco horas y fue presenciado desde la tribuna de invitados del hemiciclo por los líderes de las cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF).

El representante de Vox, José Manuel Marín, fue el más beligerante contra la ley en su defensa de la propuesta de veto y señaló que el texto supone “un intervencionismo exhaustivo del Estado en la vida económica y un incremento brutal del gasto público”. “La emergencia climática es el nuevo mantra progresista que ha sustituido al cambio climático, el cual, a su vez, había reemplazado al calentamiento global antropogénico. El alarmismo climático está haciendo las veces de una nueva religión”, apuntó.

Marín indicó que el debate sobre el cambio climático “no está cerrado” y consideró “irracional asumir como artículo de fe el paquete climático catastrofista en su totalidad”, antes de defender que “el aumento de CO2 en la atmósfera ha generado efectos positivos que el catastrofismo climático oculta cuidadosamente”, pues, según añadió, tiene “un efecto fertilizante” y ayuda a las cosechas y a la reforestación.

Recalcó que Estados Unidos es el mayor emisor mundial de CO2, cuando realmente lo es China, y “se ha retirado del Acuerdo de París”, pero la Administración de Joe Biden ha revertido esa decisión de Donald Trump, y criticó los objetivos de la ley. “Liderar la descarbonización sin esperar al resto de países es tan irracional como lanzarse al desarme unilateral en un mundo armado hasta los dientes”, dijo.

Marín recalcó que la ley se erige en “pitonisa del futuro tecnológico” al abogar por el motor eléctrico en los vehículos, cuando estos, según agregó, “también emiten CO2, aunque su tuvo de escape está en las plantas de fabricación”. Además, defendió el uso de la energía nuclear, al considerarla “segura, estable y barata”.

MÁS PORTAVOCES

El portavoz de Vox fue contestado primeramente por Cristina Narbona, del PSOE, que subrayó que el cambio climático supone “un extraordinario desafío ético a escala global” porque golpea más en países pobres, que son los que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, y supone “una amenaza contra los derechos humanos” (salud, alimentación, acceso al agua y seguridad).

Además, indicó que implica “un enorme desafío desde el punto de vista económico” porque la transición ecológica representa “un volumen importante de fondos” de recuperación de la Comisión Europea ante la pandemia del coronavirus.

Narbona comentó que el líder de Vox, Santiago Abascal, comentó hace dos años que “el cambio climático era un invento de lobbies pseudocientíficos con oscuros intereses” y preguntó si en esa formación política piensan eso del papa Francisco; de un centenar de premios Nobel que han urgido a líderes mundiales a la descarbonización, o de “gobiernos socialcomunistas” -según apuntó con ironía- de Alemania, que decidió el abandono progresivo de la energía nuclear tras el accidente en la central de Fukushima (Japón), o de Francia, cuya Asamblea ha aprobado incorporar a su Constitución el derecho a un medio ambiente en el que se combata el cambio climático.

“Estados unidos ha vuelto al Acuerdo de París, así que menos soflamas de que la izquierda intenta ser intervencionista. La mayoría de los países europeos tienen objetivos más ambiciosos y han ido más rápido que nosotros. Alemania, con la mitad de horas de sol que España, tiene más de 10 veces más que España de energía solar instalada”, apuntó.

Juan Manuel Juncal, del PP, también intervino contra la propuesta de veto para indicar que la ley climática es “necesaria”, aunque podría merecer su devolución al Gobierno por una tramitación urgente en el Senado que deja “en entredicho” el trabajo en esa Cámara. Además, calificó la norma de “publicidad y propaganda” del Gobierno.

Otros portavoces parlamentarios expresaron desde el estrado su apoyo a la ley, como José Miguel Fernández Viadero (Partido Regionalista de Cantabria), Clemente Sánchez-Garnica (Partido Aragonés), Vicenç Vidal (Més per Mallorca), Idurre Bideguren (EH Bildu), Xavier Castellana (Esquerra Republicana), María Teresa Rivero (Junts per Catalunya), mientras que Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) la consideró “claramente insuficiente”.