Así lo señaló durante el acto virtual de firma del convenio de colaboración entre la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) y la Universidad de Alcalá, para el desarrollo de acciones en el marco del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.

Como recordó la ministra, para llegar al objetivo de 2030, se deberán cumplir los objetivos ’95-95-95’ de Onusida; es decir, que el 95% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 95% estén en tratamiento y, al menos, el 95% con carga viral indetectable; retos a los que, ha hecho hincapié Darias, habría que añadir el cuarto ‘95’ para que las personas tengan una buena calidad de vida y ‘cero discriminación’.

PACTO SOCIAL

Darias valoró asimismo el convenio rubricado hoy como un reflejo de la vocación inequívoca del Ministerio y del Gobierno de España por la protección de la salud, el respeto a los derechos humanos y por el trabajo conjunto y articulado desde diversos sectores implicados en la respuesta frente al VIH y con una amplia participación de la ciudadanía y las personas afectadas.

Se trata de un paso adelante en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, cuyo objetivo es eliminar el estigma y la discriminación asociados al VIH y al sida, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación, el respeto de los derechos humanos y la diversidad de las personas afectadas.

La materialización de este Pacto, recordó Darias, supuso el cumplimiento de un compromiso del Gobierno de España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.

“Sabemos que tenemos por delante un importante camino que recorrer para poner fin al estigma y la discriminación, y conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con el VIH”, subrayó Carolina Darias, quien también insistió en el impacto que la pandemia provocada por la Covid-19 ha tenido entre las poblaciones más vulnerables y en los servicios de atención.

En este sentido, la ministra de Sanidad alertó sobre la estrecha relación existente entre las desigualdades y la discriminación. “Las formas de discriminación pueden conducir a una amplia gama de desigualdades y las propias desigualdades también pueden dar lugar a la estigmatización y la discriminación”.

Por su parte, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, aseguró que la materialización del Pacto Social ha supuesto un importante avance en la protección de los derechos de las personas con el VIH frente a la discriminación.

Una de las claves del éxito para su implementación son las alianzas y sinergias que se han establecido con distintos sectores como la Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, ONG, sociedades científicas, sindicatos, empleadores, medios de comunicación o universidades, entre otros, que tienen una implicación fundamental en su desarrollo.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El convenio suscrito en el día de hoy tiene una vigencia de cuatro años y supone un paso más en el trabajo coordinado para alcanzar los objetivos comunes enmarcados en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH.

El acto contó con la presencia de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; la directora del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Alcalá, Francisco Javier de la Mata; y el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida, Ramón Espacio.

Gracias a este convenio, se realizará un análisis de las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico español a nivel estatal, autonómico y municipal, que discriminan o limitan los derechos de las personas con el VIH. Asimismo, se realizarán estudios que permitan conocer tanto las actitudes de la población española hacia las personas afectadas por el VIH, como la percepción de las situaciones de estigma y discriminación en las personas con el VIH.