No obstante, según detalló este viernes el portavoz y secretario general de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa final de la asamblea plenaria que ha reunido a los obispos españoles esta semana: “No vale con llevarlo en la cartera y ponerlo en la mesilla del hospital. Tiene que ser registrado en un registro público, para que se incorpore al historial del paciente”.

Según Argüello, “no existe esa libertad para poder acabar con la propia vida y menos con la de otros” que apunta la nueva Ley de Eutanasia, que entrará en vigor “en las próximas semanas”, por lo que, además del documento, la CEE impulsará una campaña para difundirlo y “animar a las personas a dar el paso de inscribir esa declaración de últimas voluntades a favor de la vida en los registros correspondientes”.

La persona que firme este texto manifiesta su deseo de que “si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica” que se le administren “los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento”; que no se aplique “la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el ‘suicidio médicamente asistido’”, ni que se prolongue “abusiva e irracionalmente” el proceso de muerte.

También pide “ayuda para asumir cristiana y humanamente” la propia muerte y la persona solicita la presencia de un sacerdote católico y que se le administren los sacramentos pertinentes.