Según ha detallado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) el apoyo y confianza lo ha expresado el Consejo tras reunirse ‘ad hoc’ para analizar la situación y hechos, además de mostrar “su total confianza en su plena honorabilidad personal” y subrayar el “compromiso” de Repsol a “colaborar plenamente con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado el próximo día 29 a declarar al expresidente de CaixaBank Isidro Fainé y al presidente de Repsol, Antonio Brufau, en relación con la supuesta contratación del comisario Villarejo, en 2011, para investigar al presidente de Sacyr Luis del Rivero como investigados por un delito de cohecho activo.

Su imputación la realizó dentro de la pieza separada número 21 del ‘caso Tándem', donde investiga el supuesto encargo hecho por ambas empresas para que espiara al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso por su intento de hacerse con el control de la petrolera con la ayuda de la mexicana Pemex.

García Castellón imputa también a los directivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris; y al exdirector general de medios de CaixaBank Antonio Massanell, siguiendo también el criterio del ministerio público.

El respaldo expresado por el Consejo de Administración de Repsol ha tenido lugar después de celebrar precisamente hoy una reunión para analizar toda la información “relevante” sobre la contratación de Cenyt y las últimas resoluciones judiciales conocidas sobre este asunto, con los informes efectuados previamente con varios órganos de gobierno de la compañía.

Y es que, según ha detallado Repsol a la CNMV, han mantenido hoy reuniones “extraordinarias y monográficas” varios de sus máximos órganos societarios, entre los que figura la Comisión de Auditoría y Control, que había sido previamente informada “en sucesivas ocasiones sobre los trabajos de investigación interna realizados respecto de dicha contratación y de la contestación por parte de la compañía a las solicitudes judiciales de información”.

También se ha celebrado Comisión de Nombramientos, a los efectos de informar al pleno del Consejo de Administración “lo que estime pertinente conforme a lo dispuesto en la Recomendación 22 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y en los artículos 16 y 19 del Reglamento del Consejo de Administración”, y la Comisión de los Consejeros Independientes, convocados por el consejero independiente coordinador.

En concreto la recomendación 22 del nuevo Código de Buen Gobierno insta a las sociedades a fijar reglas que obliguen a los consejeros “a informar y, en su caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta” y a “informar al Consejo de Administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como investigados, así como de sus vicisitudes procesales”.

En aplicación de ese articulado el Consejo debe examinar el caso “tan pronto como sea posible” y, atendiendo a las circunstancias concretas, decidir, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, “si debe o no adoptar alguna medida, como la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese”.

La misma regulación exige dejar constancia de los eventos en el informe anual de gobierno corporativo, al margen de la información que la sociedad “deba difundir, de resultar procedente, en el momento de la adopción de las medidas correspondientes”.

Repsol detalla que el Consejo ha expresado su apoyo y confianza en los ejecutivos “tras revisar los exhaustivos trabajos internos de investigación sobre dicha contratación”, realizados a petición de la Comisión de Ética y Cumplimiento a través del área de Cumplimiento dentro de la función que tiene atribuida y “con la ayuda forense de expertos independientes”.