Además, dio luz verde a un real decreto por el que se integran tres organismos públicos de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA), y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma legislativa supone “una gran oportunidad para convertir a España en un país puntero en ciencia e innovación y que deje a las siguientes generaciones un mejor futuro”.

El primer objetivo de esta reforma es conseguir una carrera científica “más atractiva, más ordenada, más estable”, con el fin de atraer y retener el talento científico, para lo cual el Ministerio de Ciencia e Innovación aprovechará el incremento de casi un 60% en los presupuestos de 2021.

La reforma pretende modernizar la contratación de empleados públicos y reducir la precariedad y la temporalidad de los científicos en España. No en vano, un informe de la OCDE apunta que cerca de 5.000 investigadores se marcharon de España entre 2011 y 2016.

“Tenemos una situación anómala con respecto a países punteros en ciencia. Tenemos una situación en la que los contratos de los científicos para formar parte de una plantilla estable no llegan hasta bien cumplidos los 40 años y eso ha dado como resultado muchas consecuencias muy negativas”, apuntó Duque.

Para ello, se propone crear un modelo de contratación tipo ‘tenure track’, utilizado en Estados Unidos, Canadá y, de forma más reciente, en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa. Con este nuevo modelo, el Gobierno seguirá la recomendación de la Comisión Europea, que ha instado a España a acometer reformas en este sentido.

Además, se orientarán y reforzarán las políticas de atracción del talento, con más y mejores contratos en la fase posdoctoral inicial y con ayudas a los contratados ‘tenure track’ para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.

INNOVACIÓN BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Otra de las reformas que aborda el anteproyecto de ley es el impulso de la transferencia de conocimiento. España cuenta con publicaciones científicas en diversos campos y está entre los primeros países del mundo en muchas áreas, pero este nivel científico no se ve reflejado en la misma medida en la innovación basada en conocimiento.

Para ello, se acometerán distintas reformas, entre las que destacan mejorar los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, facilitar la generación directa de sociedades ‘start-up’ derivadas de resultados de la investigación o la orientación de las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.

El anteproyecto de ley también pretende mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las comunidades autónomas para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas; reformar normas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las autonomías, y la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.

ORGANISMOS PÚBLICOS

Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó la integración del IEO, el INIA y el IGME en el CSIC con el fin de mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de esos organismos públicos de investigación, que mantendrán su nombre y actividades y tendrán la categoría de centro nacional.

Tras las dificultades de gestión técnica y científica que han sufrido en los últimos años, estos organismos verán multiplicadas sus capacidades organizativas y de actuación al aprovechar el régimen jurídico más flexible del CSIC y sus mayores capacidades para la gestión administrativa, científica y técnica.

Esta integración está amparada por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que prevé la reorganización de los organismos públicos de investigación para que cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, rendición de cuentas y cooperación con el resto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Esta integración impulsará la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para España, en especial en lo referido a política pesquera, agroalimentación o transición ecológica. Con ello, el CSIC contará con una plantilla de más de 12.500 personas y un presupuesto anual de más de 1.100 millones de euros.