Así lo han trasladado a Servimedia fuentes del Ministerio, que indicaron que con estas propuestas el departamento dirigido por José Luis Ábalos trata de impulsar definitivamente la ley. Además, explicaron que no hay fecha para un nuevo encuentro.

Las medidas propuestas hoy afectan a la definición de vivienda vacía y a la modulación del recargo del IBI, así como al procedimiento para suspender los desahucios y a la oferta de vivienda pública en alquiler.

En concreto, Transportes propone una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley.

Asimismo, propone que los ayuntamientos puedan modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI, con el objetivo de que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los consistorios para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad.

Por otro lado, propone mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica o social.

Con ello, pretende asegurar que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo.

Además, propone introducir en el procedimiento criterios objetivos para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, para simplificar y agilizar el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.

Por último, para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, propone establecer un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública tanto en actuaciones de nueva urbanización como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.