El recurso fue registrado en el Constitucional por la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, el secretario general de este partido, Javier Ortega Smith, y otros miembros de esta fuerza política.

En declaraciones a los periodistas, Olona afirmó que la iniciativa de su partido era “el principio del final de una ley sectaria y excluyente” como consideran que es la Lomloe. Sostuvo que esta norma fue tramitada sin las “necesarias garantías democráticas”, ya que se debatió por el procedimiento de urgencia durante la pandemia del Covid-19 y sin pedir opinión ni a los órganos consultivos ni a la comunidad educativa.

Añadió que en el recurso se pide a los magistrados que declaren la “nulidad total” de la norma y que, en caso de no ser aceptada esta petición, se supriman determinados aspectos, como los criterios que entienden discriminatorios para la educación concertada, la especial, el castellano o la enseñanza de la religión.

“SILENCIO CÓMPLICE Y ARBITRARIO”

Respecto a la educación concertada, Olona dijo que solicitan recuperar “el criterio de la demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público”, de forma que también se tenga en cuenta a los centros privados. En cuanto a la educación especial, se recurre la pretensión de que se supriman en el plazo de diez años los centros concertados especializados.

Vox también pide a los jueces la defensa de la educación diferenciada por sexos, puesto que ya hay sentencias que indican que es “plenamente constitucional” y que por ello los centros que la aplican no pueden ser discriminados en cuanto a financiación pública.

La portavoz también destacó que plantean que se restaure el principio del español como lengua vehicular de la enseñanza en todo el país, al tiempo que destacó que en el recurso del PP contra la 'ley Celaá' no se alude a este aspecto, algo que atribuyó a que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también está arrinconando el español en su comunidad autónoma.

Por su parte, Ortega criticó que el Constitucional no haya resuelto diversos recursos que ha presentado Vox, como los referidos a los estados de alarma durante la pandemia del coronavirus. Sostuvo que esta falta de pronunciamientos supone que los magistrados mantienen un “silencio cómplice y arbitrario” y han convertido su institución en un “órgano de amparo” de políticos que vulneran la Carta Magna.