Así lo da a entender el juez en un auto que emitió a finales del pasado mes de agosto en respuesta a un recurso planteado por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO). Fuentes jurídicas consultadas por Servimedia informaron de que este colectivo había solicitado separarse del PP como acción popular en el sumario del soplo a la banda etarra.

Fue el antecesor de Ruz, el juez Baltasar Garzón, quien decidió que la UO y el PP ejerciesen la acusación conjuntamente. No obstante, el colectivo de guardias civiles pidió actuar de forma separada, puesto que el abogado de esta fuerza política desistía de pedir algunas diligencias.

En concreto, las fuentes consultadas explicaron que la UO pedía reclamar al juez que demandase los nombres de los agentes encargados de hacer las grabaciones de audio del operativo policial que llevó a descubrir el chivatazo a ETA.

MICRÓFONO EN EL COCHE

En este sentido, el soplo policial a la banda terrorista se conoció a partir de un micrófono que la Policía Nacional colocó en el coche de Joseba Elosua, propietario del bar “Faisán” de Irún (Guipúzcoa). Este investigado, que cobrara el impuesto revolucionario en nombre de ETA, fue grabado en el coche diciendo a un familiar que un policía entró en su establecimiento para darle un teléfono móvil, desde el que se le advirtió de que estaba siendo investigado por las Fuerzas de Seguridad.

Según la UO, si se solicitase al Ministerio del Interior información sobre qué agentes estuvieron encargados de este micrófono en el coche de Elosua, podría avanzarse en esclarecer el soplo a la banda etarra. Por el momento, por estos hechos están procesados Enrique Pamiés, jefe superior de Policía del País Vasco; Víctor García Hidalgo, ex director general de la Policía Nacional; y el inspector José María Ballesteros.

Precisamente, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá el próximo 20 de septiembre para decidir si se mantienen los procesamientos del "caso Faisán", en el que se investiga el chivatazo a ETA.

La fecha del pleno fue comunicada este miércoles por el juez Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que fue quien decidió que el futuro del "caso Faisán" lo decidiese el pleno de magistrados y no una sección de jueces.