“Sabemos que las nucleares están envejecidas y no son necesarias para mantener la seguridad de suministro y, sin embargo, a todas les están renovando sus licencias, sin participación pública ni ninguno de los criterios que hoy se exigen para cualquier instalación energética por pequeña y renovable que sea”, apuntó Montón en un comunicado.

Montón añadió al respecto: “Iberdrola quiere ser el referente de las energías renovables, pero pide una reducción de impuestos para sus nucleares. Esto va mucho más allá del ‘greenwashing’ (‘lavado verde’): Ignacio Sanchez Galán lo que plantea es un timo”.

Greenpeace mostró su preocupación por la renovación de la licencia de la central nuclear de Cofrentes y consideró que esa decisión desoye las peticiones de sus socios de Gobierno y del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, que reclaman su cierre.

Subrayó que es viable cerrar todas las centrales nucleares y las térmicas de carbón antes de 2050 desde el punto de vista de la seguridad del suministro energético.

Greenpeace recalcó que “el cierre nuclear programado no debería ser sólo una decisión empresarial porque las personas son el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable y la consulta pública es obligatoria en materia nuclear”.

“El cierre nuclear es una oportunidad para el empleo y la economía y puede y debe favorecer el empleo sostenible y justo y la economía local. El desarrollo de planes de inversión local, la transición energética prioritaria en estas comarcas, junto con el cierre nuclear es una oportunidad única”, añadió.

Por último, Greenpeace indicó que los costes de los residuos radiactivos y de los riesgos de accidente nuclear deben ser asumidos por las empresas y no por la sociedad. “Aumentando su vida operativa se aumentan ambos”, apostilló.