En declaraciones a Servimedia, desde el Cgcom destacaron que "nuestro papel y reto como organización que representa a los profesionales médicos de España es ser lo más garantistas posible para proteger la seguridad en la objeción de conciencia".

A este respecto, se mostraron en desacuerdo con la redacción del artículo 16.2 de esta Ley, el cual contempla la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.

Ante este punto, "entendemos que un registro de estas características atenta contra la Ley de Protección de Datos y contra el principio esencial que determina que la objeción no es indefinida ni absoluta, es decir, que cada caso y cada paciente responden a unas circunstancias únicas y particulares que tendrán que ser valoradas de manera individual".

Del mismo modo, desde el Cgcom señalaron que otras de las grandes incertidumbres que plantea esta Ley "son conocer quiénes formarán parte de las Comisiones de Garantía y Evaluación, su especialidad y quiénes les nombrarán".

Por ello, "creemos fundamental que todas estas cuestiones, que no están claras y no se adaptan a la realidad del médico, se aborden y analicen adecuadamente con el fin de regular de la forma más ajustada posible a la realidad y ofrecer garantías, tanto a profesionales como a pacientes".