La enmienda del BNG no pretende modificar el artículo 135 de la Constitución, como la reforma pactada por PSOE y PP, sino el 131 y el 133, y sin hacer mención alguna al principio de estabilidad presupuestaria, cuya inclusión es el origen del debate.

Quieren que el artículo 131 incluya a las comunidades autónomas en la potestad que ya otorga al Estado de planificar la actividad económica general, y modifica los objetivos de la misma.

Así, dice que el objetivo debe ser “lograr un desarrollo económico sostenible y autocentrado, basado en el pleno empleo, la distribución justa y equitativa de la riqueza, la corrección de las desigualdades sociales, el fortalecimiento de los sectores básicos de la economía productiva de cada territorio, y el equilibrio del desarrollo territorial y sectorial”.

Añade que los poderes públicos “asegurarán a través de la intervención económica el derecho de todas las personas a trabajar y vivir en su territorio de origen”.

“La iniciativa pública en la economía se ejercerá en igualdad de condiciones que la iniciativa económica privada, para garantizar el control público de actividades y sectores estratégicos, la prestación universal de los servicios públicos básicos y la realización de actividades innovadoras de interés general”, dice la enmienda.

Para ello, prosigue, “podrán coordinar la actuación de las entidades financieras para canalizar los recursos económicos disponibles hacia los sectores y actividades que se consideren prioritarios en la creación de empleo y la priovisión de un mayor nivel de bienestar social”.

Además, los proyectos y programas de planificación económica “promoverán la innovación empresarial y el desarrollo de los sectores productivos básicos que ponen en valor los recursos humanos, naturales y culturales de cada territorio”.

El BNG añade en ese artículo que la política presupuestaria del Estado y las comunidades autónomas “mantendrá una vinculación con una planificación económica plurianual que asegure niveles adecuados de inversión pública y gasto siocial, así como la capacidad de la intervención económica por parte del sector público con carácter anticíclico para prevenir o recuperar la actividad económica en periodos de recesión o estancamiento”.

Mediante la reforma del artículo 133, pretende reconocer a las comunidades la potestar originaria ya reconocida al Estado para establecer tributos mediante ley, “que se adecuará en todo caso al principio de progresividad y a un reparto equitativo de la carga fiscal”.

“La contracción de obligaciones financieras, la realización de gastos y la aplicación de beneficios fiscales se establecerán de acuerdo con las leyes”, añade la enmienda, y la política tributaria “ha de contribuir a la equidad social como instrumento activo en la corrección de las desigualdades, impulsando para ello la función de redistribución de la renta y la riqueza”.

El sistema tributario, sigue el texto, “asegurará la capacidad de los poderes públicos para mantener los servicios públicos sociales básicos que garanticen el acceso de toda la población a niveles de bienestar y prestaciones de calidad”.

El BNG añade también una disposición adicional única para que la integración o adhesión del Estado a organizaciones internacionales o la suscripción de tratados “o cualesquiera otros instrumentos legales que impliquen la cesión de facultades en la dirección y planificación de la economía, la política fiscal o monetaria estará supeditada a mantener de forma inalterable los principios de planificación económica y política fiscal y tributaria contenidos en la Constitución y las leyes que la desarrollen”.

En una disposición final, establece que esa reforma de la Constitución sea sometida a referéndum convocado dos meses desde su aprobación, y que en caso de ser ratificada entre en vigor al día siguiente de su publicación.