Bayo se refirió a esta cuestión en la comisión de investigación de la Cámara Baja sobre el 'caso Kitchen', que esta jornada empezó con la fase de comparecencias.

En su intervención, Bayo, que lleva jubilado dos años, explicó que durante 33 años ejerció como facultativo jurídico en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, donde aproximadamente entre mayo de 2015 y el mismo mes de 2016 se encargó de abonar los fondos reservados dentro de su cuerpo de seguridad.

Explicó que durante este período ejerció de “cajero pagador” de los fondos reservados en la Policía, lo que significaba que entregaba el dinero “contra un recibo” al agente o la unidad que le indicaba el director adjunto operativo (DAO). Sostuvo que esta labor era meramente administrativa, por lo que desconocía a qué operación concreta se destinaba el dinero que entregaba.

Al mismo tiempo, se amparó en que era “materia reservada” y en que es testigo en el sumario del 'caso Kitchen' que se instruye la Audiencia Nacional para no aclarar si entregó fondos reservados a policías concretos. Se amparó en estos motivos para no responder si entregó dinero a agentes por los que le preguntaron los diputados, como los comisarios Enrique García Castaño y Marcelino Martín Blas, que están siendo investigados en el presunto espionaje a Bárcenas.

“CAJERO DE CUARTA”

Añadió que la labor de entrega de los fondos reservados que realizaba era de “auxiliar de tercera categoría” o “cajero de cuarta”. Al mismo tiempo, insistió en que la investigación judicial del 'caso Kitchen' hace que estuviese “atado de pies y manos” para aclarar ciertas cuestiones que le preguntaban los diputados, pero afirmó que no tuvo “ningún conocimiento” del supuesto espionaje al extesorero del PP.

Asimismo, Bayo justificó que el comisario Eugenio Pino, que fue el DAO con el Ejecutivo de Rajoy y que está investigado en el 'caso Kitchen', le diese una medalla, ya que también le fue concedida otra cuando era ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las explicaciones de este funcionario fueron cuestionadas por los diputados de Podemos Enrique Santiago y de ERC Gabriel Rufián. En este sentido, Santiago anunció que pediría que el Congreso iniciase un procedimiento contra este empleado público al entender que había mentido en su comparecencia de este miércoles y que había “indicios de criminalidad” contra él.

Además, a preguntas del diputado del PP Luis Santamaría explicó que por el caso del chivazato a ETA llegó a estar imputado en el llamado 'caso Faisán', pero que finalmente fue absuelto. También aludió a que la normativa en vigor sobre fondos reservados fue aprobada en 1995, cuando era titular de Interior Juan Alberto Belloch y secretaria de Estado de Seguridad la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.