Pero esa propuesta no contentó a sus socios de la coalición, que insisten en que el Ministerio se niega a incluir la regulación de precios del alquiler en la Ley de Vivienda, como recoge el acuerdo de Gobierno.

Sin embargo, Vivienda defiende que los sistemas de regulación de rentas ensayados en Alemania o Francia no han demostrado eficacia en cuanto a la contención de rentas, y sí apuntan tener a corto plazo un efecto de contracción de la oferta, lo que supone de hecho añadir mayor dificultad en el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables.

Así quedó la situación tras la reunión de esta mañana entre los equipos liderados por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, en una cita en la que tenían previsto dar "un fuerte impulso" a la norma tras dos reuniones “técnicas” la semana pasada donde se pulieron los “detalles” ya cerrados y se avanzó en el desarrollo de los aún no acordados.

Según ha podido saber Servimedia, pese a la negativa de Unidas Podemos, ambas partes han acordado seguir negociando, para lo que han previsto continuar con las reuniones técnicas.

La propuesta elevada por el equipo de José Luis Ábalos contiene un nuevo mecanismo de contención y bajada de precios, a través de la mejora del marco fiscal, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y la definición de vivienda vacía en la regulación del recargo existente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La propuesta, según fuentes ministeriales, plantea estimular la oferta, partiendo de la consideración de que en España la propiedad de la vivienda en alquiler corresponde muy mayoritariamente a pequeños propietarios, en su mayor parte particulares, para los que el alquiler de vivienda no es una actividad económica principal.

Sin embargo, Unidas Podemos rechaza esta propuesta, que dicen que les llegó “a última hora de ayer”, porque, según fuentes cercanas a su equipo negociador, está “basada únicamente en incentivos fiscales para propietarios” y “no incluye la regulación del alquiler, incumpliendo flagrantemente el acuerdo de Gobierno” y desoyendo las experiencias, a su juicio, positivas que ha tenido tal regulación en los lugares donde se ha puesto en práctica.

Para la delegación de Vicepresidencia Segunda, la propuesta “consiste en dedicar recursos públicos” y, por tanto, de “todos los contribuyentes” a cubrir “las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler”. Una idea que “no sólo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que además es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos”. Como prueba de ello explican que “cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario, mayor será el beneficio fiscal que reciba”.

Por otra parte, Unidas Podemos critica que la propuesta del Ministerio de Transportes “no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre, que podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda”.

Unos fondos de inversión a quienes acusa de haber “logrado aumentar los precios del alquiler en nuestro país construyendo artificialmente una burbuja a través de la retención de vivienda vacía y otros mecanismos”. Las fuentes de la Vicepresidencia añaden que “resulta sorprendente que el PSOE envíe una propuesta sin base empírica alguna avalada por el Ministerio de Hacienda”.

En definitiva, en Unidas Podemos “lamentan que los socialistas sucumban a las presiones de la patronal inmobiliaria y reclaman que el dinero de los contribuyentes se invierta en mejorar los servicios públicos de nuestro país, y que no vaya a parar a los bolsillos de los especuladores de la vivienda”. Desde su punto de vista, “la burbuja del alquiler no debe sostenerse con fondos públicos, sino que debe ser pinchada de una vez por todas”.

PROPUESTA DE VIVIENDA

En su propuesta, Vivienda establece que la declaración de zona tensionada, lo que será imprescindible para aplicar las medidas fiscales, tendrá una vigencia de tres años prorrogables. De hecho, indica que las zonas tensionadas se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, las administraciones afectadas por la declaración de una zona tensionada deberán aprobar planes de Acción a tres años, para revertir la situación, aplicando mecanismos efectivos de contención y bajada de precios.

Asimismo, los grandes tenedores de vivienda en estas zonas, los que tengan más de un 1% de los inmuebles, deberán colaborar y prestar información para asegurar el uso efectivo de sus propiedades.

Las medidas fiscales serán tanto para incentivar la entrada en el mercado de viviendas vacías como para favorecer bajadas de precios a través de rebajas en el IRPF, que pueden alcanzar el 90%. Así, si un propietario firma un nuevo contrato de alquiler en una zona tensionada reduciendo un 10% la renta del contrato anterior tendría derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración.

Es decir, suponiendo un contrato de arrendamiento de 700 euros mensuales, si firma un nuevo contrato por 630 euros, tendría derecho a un beneficio fiscal en IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta.

Los mecanismos fiscales fomentarán también la rehabilitación de viviendas, el alquiler por parte de jóvenes, el alquiler a inquilinos de ingresos reducidos y el alquiler social, tanto la vivienda protegida, como la cesión de vivienda a programas específicos de Administraciones públicas o del tercer sector, para atender a hogares y colectivos vulnerables.