Pérez Rubalcaba concretó en rueda de prensa su propuesta sobre las diputaciones, después de perfilarla en una reunión de trabajo y en medio de la polémica generada días atrás al afirmar que, con su configuración actual, en la mayor parte de los casos “sobran”.

El objetivo, reiteró, es simplificar la administración, evitar duplicidades en la prestación de servicios y, con ello, ahorrar gasto público, y en ello se basa una propuesta que deberá ser debatida y, en su caso, “mejorada” en la Conferencia Política que el PSOE celebrará los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, de la que saldrá su propgrama electoral.

Sustituir las 38 diputaciones de régimen común por ese consejo de alcaldes no requeriría modificar la Constitución, explicó, porque el artículo 141.2 habla de ellas “u otras corporaciones de carácter representativo”.

Por tanto, sólo habría que modificar la Ley de Bases de Régimen Local, que desarrolla los preceptos constituciones y que establece unas competencias cuya esencia data de 1836 y que en términos generales apenas se ha modificado desde entonces.

Las 38 diputaciones de régimen común tienen actualmente 1.037 diputados, políticos, y un presupuesto de 6.000 millones anuales del que el 30% es gasto de personal, una partida “elevada”; el 23% son transferencias corrientes; el 15% bienes corrientes y servicios; y el 12% inversiones reales.

Sobre esa distribución del gasto, el PSOE ha determinado algunos “prescindibles”, como los salarios de los cargos políticos, los de sus asesores y personal de confianza, lo cual supondría eliminar además los de protocolo, parque móvil, publicidad y propaganda, comunicaciones, prensa y publicaciones, reuniones y jornadas, gastos de asistencia, dietas o seguridad.

Haciendo una aproximación a partir de un estudio del gasto de cada diputación, el equipo de Rubalcaba concluye que se podría ahorrar hasta un 20% del gasto actual de las diputaciones, es decir, algo más de mil millones de euros al año.

Evitar duplicidades implicaría, añadió, que algunas prestaciones que ahora ofrecen las diputaciones quedarían en manos de las comunidades autónomas, que son además las que tienen el título competencial, en materias como servicios sociales, cultura y deporte, igualdad, educación, centros de salud, medio ambiente, desarrollo tecnológico o vivienda.

Todo eso quedaría en manos de las comunidades autónomas, con el correspondiente traspaso del presupuesto y del personal público dedicado a ello, precisó el candidato, dejando claro con ello que su ahorro sería en estructura y personal político, no funcionarios.

La gestión de lo que fuera imprescindible dejar en manos de esa corporación supramunicipal pasaría a un consejo de alcaldes, formado por todos los regidores de la provincia, que eligirían entre ellos mismos a un presidente y que se centraría en la gestión pero sin estructura política.

El candidato socialista no cree que exista riesgo de que ese consejo de alcaldes se acabe convirtiendo en una estructura igualmente política sin apenas ahorro respecto a las diputaciones actuales, porque “en los tiempos que corren” todos están de acuerdo en la necesidad de ahorrar.

A quienes denuncian que el PSOE propone ahora sustutuir las diputaciones después de haber rechazado iniciativas similares, el candidato respondió que la situación ha cambiado y en cada momento las respuestas deben ser diferentes.

Criticó, en todo caso, la “confusión lamentable” de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, “entre las pymes que construyen escuelas y los sueldos de los políticos”, al decir que el Gobierno podría haberse ahorrado el Plan E para no tener que prescindir ahora de las diputaciones.