Su explicación la ofreció a preguntas directas después de que el Gobierno decidiese convocar el próximo viernes un Consejo de Ministros extraordinario para dar luz verde a un paquete que se esperaba viese hoy la luz y después también de que Unidas Podemos divulgase el lunes sus demandas para el plan, alejadas en algunos aspectos de la idea inicial.

Entre otras, la formación liderada por Pablo Iglesias pide que 8.000 millones de los 11.000 millones sean ayudas directas y que no se otorguen vía comunidades autónomas, sino que se articulen a través de los ministerios de Hacienda o Asuntos Económicos. El socio del Gobierno también quiere que vayan a empresas de cualquier sector, condicionadas a que hayan tenido una caída de ingresos de, al menos, el 30% y garanticen el mantenimiento del empleo.

Montero insistió de forma reiterada en que el retraso se “debe a una cuestión claramente y puramente técnica” de acabar de perfilar algunos elementos que componen “un decreto ley que es complicado en el terreno jurídico y que estamos sometiendo a diferentes opiniones para ver cómo lo terminamos de abordar”.

Los cambios tendrían que ver, precisamente y según detalló, con la necesidad de “afinar algunos de los elementos que han sido o bien objeto de sugerencia u objeto de comentario por parte de los órganos consultados y que nos parece importante ponerlo en valor”.

La ministra cuestionó de plano la veracidad de las informaciones publicadas que atribuyen el aplazamiento a un nuevo enfrentamiento entre los socios del Ejecutivo insinuando algún interés en tales versiones. “No he tenido ninguna intencionalidad en lo que he querido es salvar justamente su profesionalidad”, espetó al ser cuestionada de forma directa sobre qué intenciones pueden justificar una versión errónea.

La ministra explicó que dichas versiones “no se corresponden con la realidad, pero no he querido decir con ello que usted mienta. He salvado su profesionalidad. Ustedes tienen su fuente, que son de confianza para cada uno de los medios, pero lo que sí le puedo decir desde una parte que ha estado directamente implicada en la elaboración del decreto ley, que el retraso se debe solo y exclusivamente a cuestiones técnicas”, insistió, remarcando que conoce bien y de primera mano el estado de los trabajos porque Hacienda es el Ministerio involucrado en su elaboración, junto al de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Montero quiso marcar distancias después indicando no haber escuchado esos comentarios, y declarándose “absolutamente respetuosa con la fuente que ustedes tienen”. Ante la indicación de la propuesta desvelada por el socio del Gobierno que cuestiona parte del diseño que se barajaba sugirió que, de ser así, no hablarían como Ejecutivo.

Al respecto indicó que el Gobierno habla por boca de su portavoz, rol que ejerce ella misma; “en boca de sus ministros cuando se expresan como ministros” y, sobre todo, con medidas en el Consejo de Ministros. “Entiendo que la fuente que a ustedes les traslada la información, absolutamente legítima, independientemente de quiénes sean las personas que formen parte de esa fuente, no se están expresando como Gobierno”, zanjó, remarcando que “el Gobierno no se pronuncia a través de fuentes anónimas”.

PÓRROGA EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES

Del plan apenas aclaró que del paquete de 11.000 millones “ya está decidido cuáles son las proporciones que conformarán diferentes compartimentos que tendrá este fondo y que sí habrá un paquete de ayuda directa” que se está trabajando “en este modelo de gobernanza que mantenemos con el conjunto de administraciones”, validando que se apoyarán en las comunidades autónomas.

Asimismo, confirmó que se aprobará el viernes, sin esperar al martes siguiente, para aprobar al tiempo una ampliación de la prórroga en las moratorias concursales cuyo plazo vence el próximo 14 de marzo, después de varios aplazamientos y ante la pregunta de si lo prorrogará hasta el 31 de diciembre. Fuentes gubernamentales confirmaron que también incluirán medidas fiscales.

Montero eludió ofrecer más detalle del decreto ley, del que “faltan los retoques finales”, porque se declaró “extraordinariamente cauta a la hora de presentar algo que todavía no ha aprobado el Consejo de Ministros, puesto que él es el soberano y puede a última hora variar alguna de esas cuestiones”.

La ministra se mostró confiada en que sea “el paquete definitivo” en la esperanza de que en el verano hayamos alcanzado el porcentaje de vacunación que nos va a permitir estar un poco más cómodos en la situación de la pandemia sanitaria con un 70% de personas vacunadas.

“Básicamente, lo que intentamos evitar es que se produzca un cierre o liquidaciones de empresa por un problema de sobreendeudamiento, por un problema de solvencia y, por tanto, los mecanismos técnicos que estamos poniendo van a eso: a hacer que las empresas puedan atender con estos recursos o bien su sobreendeudamiento, o bien su pago a proveedores o a cualquier otra cuestión que esté provocando una situación no deseada y evitar que la empresa, después de esta crisis económica y por su situación de deterioro de finanzas pública, pueda terminar en la liquidación o pueda terminar en el cierre”, concluyó.