El sindicato cree que la medida "vulnera los cauces institucionales de diálogo social en materia de mercado de trabajo y relaciones laborales, en concreto sobre inmigración laboral y los mecanismos previstos a tal fin, porque dicha proposición debería haber sido consultada y dialogada con empresarios y sindicatos en el marco de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, órgano legalmente previsto a tal fin".

CCOO cree además que exigir un permiso de trabajo tendría un efecto disuasorio a la entrada mensual de cerca de 10.000 personas de origen rumano, para realizar actividades laborales, reclutadas a través de ETT rumanas.

Asmismo, opina que la efectividad del recorte es discutible, dado que al no poderse restringir la libertad circulatoria en el seno de UE los ciudadanos rumanos "podrán seguir entrando y residiendo libremente en territorio español, pero se les va a condicionar su capacidad para trabajar de forma legal".

"Ello puede suponer un repunte del empleo no declarado y de economía sumergida en el colectivo de nacionalidad rumana, además de otros problemas interconectados (falsos trabajadores por cuenta propia, empeoramiento de las condiciones laborales, dumping social, etc.), como ya sucedió durante la vigencia de la moratoria a la adhesión de Rumania a la UE entre 2007 y 2009", agregó la central sindical en un comunicado.