El SUP, a través de un su Comisión Ejecutiva Nacional, aseguró que tanto Pamies como Ballesteros tienen una “dilatada hoja de servicios en la lucha antiterrorista”, por lo que es rechazable que se les haya imputado por el soplo a ETA. Asimismo, esta organización sindical sostiene que el "caso Faisán" es "un procedimiento injusto que vulnera derechos constitucionales".

Este sindicato policial hace estas valoraciones tras pedir que se aclaren supuestos puntos oscuros que existen respecto al inspector jefe Carlos Germán, que fue el encargado de investigar el “caso Faisán” dentro de la propia Policial Nacional.

En primer lugar, el SUP se pregunta por qué se designó a Carlos Germán para este proceso interno sobre el soplo a la banda etarra, “cuando su homólogo por parte de Francia era un comisario”. Además, este sindicato se pregunta por las “razones” que llevaron a la designación de este policía como “perito” ante el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor del “caso Faisán”.

Según el SUP, al ser nombrado perito, los informes de Carlos Germán “no tenían que ir avalados por pruebas, sino que el mismo informe policial era una prueba”. Además, estos representantes sindicales de los agentes creen que necesitan aclaraciones una serie de llamadas telefónicas referidas a la investigación de este caso.

En concreto, según este sindicato, debe aclararse “el contenido de la llamada de Garzón a Carlos Germán, estando en el despacho del juez Grande-Marlaska y en presencia del comisario José Cabanillas”. En esta línea, se pide averiguar el “número de llamadas que se intercambiaron los días 4 al 6 de mayo de 2006 Carlos Germán y Grande-Marlaska y contenido de las mismas, a fin de conocer por qué Carlos Germán no informó al juez del conocimiento que tenía del chivatazo”.