Según esta investigación realizada por el catedrático de derecho penal de la UOC, Josep M. Tamarit, en España, entre 1998 y 2018 se efectuaron 1.356 solicitudes de ayuda pública, y de estas se resolvieron favorablemente 272. "En promedio, al año, se han concedido 13 ayudas por un importe de 1.375 euros por persona", revela el experto.

El estudio también muestra los problemas que tienen las víctimas para obtener la indemnización y publica unas recomendaciones para mejorar la legislación y la práctica existente.

"Las cifras muestran que en España hay pocas solicitudes, y esto se debe principalmente a que no todas las víctimas están informadas sobre la posibilidad de reclamar", apunta el especialista, y a que a menudo las ayudas le son denegadas.

La vía principal para obtener las indemnizaciones es el proceso penal. "Si la persona agresora ha sido identificada, juzgada y condenada, el tribunal impone en la sentencia la obligación de pagar una indemnización a la víctima, que puede ser solicitada por esta si se ha personado como parte en el procedimiento, o, en el derecho español, también por el Ministerio Fiscal", apunta Tamarit.

"Los procedimientos para reclamar pueden ser muy largos y complicados. La indemnización otorgada muchas veces no llega a la víctima porque el infractor no tiene recursos o el sistema judicial no es capaz de hacer ejecutar las sentencias", añade el experto.

Para los casos en los que no puede hacerse efectiva una indemnización, el experto explica que los Estados europeos han establecido mecanismos de compensación a cargo de fondos públicos, basados en la idea de que el Estado debe asumir el deber de proteger a sus ciudadanos del delito. Los pagos se hacen como símbolo de reconocimiento, de simpatía pública y de solidaridad social con las víctimas.

"En España, el sistema de ayudas públicas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual es gestionado por el Ministerio de Hacienda, con una concepción muy restrictiva, como muestran los datos recogidos", remarca Tamarit.