Así, el PSOE aboga por promover un acuerdo político y social para evaluar la ley de dependencia e implantar las modificaciones oportunas para asegurar su aplicación, desarrollo y sostenibilidad. También quiere establecer una Estrategia Integral de Cultura que mejore la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios y actividades culturales.

En el ámbito infantil, los socialistas se proponen promover acuerdos con los fabricantes y distribuidores de juguetes para que todos ellos puedan ser utilizables por niños con diversidad funcional. En el plazo de un año, se introduciría un código de iconos que permitiría a las familias comprender qué artículos se adaptan mejor a la diversidad funcional de los niños.

Por último, el PSOE se conjura para elaborar un Libro Blanco de la coordinación sociosanitaria, que analice y mejore la colaboración entre los servicios sociales y sanitarios, y para concluir en el plazo de seis meses el del envejecimiento activo, a fin de promocionar los estilos de vida saludables y participativos entre los mayores.

El PP, a su vez, propone aprobar un Plan de Inclusión Social 2011-2013 para combatir la pobreza, reponer la prestación por hijo a cargo para menores de tres años en una cuantía de 500 euros anuales y consensuar un Pacto por la Sanidad para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y su equidad, universalidad, modernidad y eficiencia.

En materia de dependencia, los populares abogan por asegurar que la Administración General del Estado corra con el 50% del gasto de las prestaciones o servicios, simplificar el proceso de acceso a los mismos, regular la cobertura privada de la misma y su tratamiento fiscal e introducir un plan específico de atención a los menores de tres años dependientes.

RESTO DE GRUPOS

CiU coincide con los socialistas en la necesidad de presentar informes de evaluación de la ley de dependencia en un plazo máximo de tres meses y con los populares en la exigencia de que la Administración General del Estado aporte el 50% del gasto real realizado y acreditado por las comunidades en la atención a la dependencia. También promueve, como el PP, un Plan de Inclusión Social para este bienio.

En materia de inmigración, aboga por el control de las fronteras, la repatriación de los irregulares, el fomento de la formación de extranjeros desempleados de acuerdo con las comunidades autónomas, dotar con 100 millones el Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes y facilitar recursos a los ayuntamientos para empadronar e integrar extranjeros y evitar la sobreocupación de viviendas.

Finalmente, los nacionalistas catalanes proponen actuaciones orientadas a luchar contra la pobreza infantil, apoyar la labor del tercer sector contra la pobreza y la exclusión y defender también la tarea de los Bancos de Alimentos, agilizando con urgencia los procedimientos para la licitación de alimentos destinados a estas entidades.

Por su parte, el PNV ha introducido en sus propuestas de resolución la idea de conceder a las personas viudas que no cuenten con ningún ingreso una prestación por valor del 70% de los que percibían el cónyuge o pareja de hecho fallecido.

A la izquierda del espectro parlamentario, ERC-IU-ICV insta al Gobierno a recuperar en 2012 el mismo gasto social aprobado para los presupuestos de 2008 en educación, sanidad, inmigración, dependencia, atención a la infancia y las familias, incluyendo la cofinanciación de plazas públicas de educación infantil. Además, propone crear un Fondo Estatal de Lucha contra la Pobreza con un presupuesto inicial de 100 millones

El BNG, por su parte, ha puesto el foco de sus propuestas sociales en garantizar la financiación a las comunidades autónomas para cubrir la sanidad, la educación y la dependencia; revalorizar las pensiones en 2012 para compensar el poder adquisitivo perdido este año y asegurar la percepción de ayudas por los parados de larga duración y la dotación de becas para el estudio.