En un extenso escrito, Asens solicita el indulto en nombre de Pablo Rivadulla Duró (Pablo Hasél) y de Josep Miquel Arenas Beltran (Valtònyc), precisando que reclama un indulto total, entendiéndose como tal, según la Ley, "la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido”, al considerar que existen a favor de los condenados “razones de justicia, equidad o utilidad pública”, ya que han sido "injustamente" condenados por delitos que conculcan el derecho a la libertad de expresión.

Asens apela a los "estándares en materia de derechos humanos" y a una serie de "motivos" que sustentan su petición, entre ellos la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de defensa de la libertad de expresión que pretende derogar los delitos por los que ambos han sido condenados.

Hasél fue condenado por la Audiencia Nacional como responsable de un delito de enaltecimiento del terrorismo con la agravante de reincidencia y por injurias y calumnias a la Corona y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la letra de sus canciones y mensajes vertidos en las redes sociales. La pena de prisión inicialmente impuesta fue rebajada a nueve meses en apelación.

Por su parte, Valtònyc fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y seis meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, amenazas y calumnias e injurias graves a la Corona por el contenido de la letra de una de sus canciones. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia y el Constitucional no admitió a trámite su recurso de amparo. Huyó a Bélgica antes de entrar en prisión, y la justicia de ese país ha denegado en varias ocasiones su entrega a España. Argumenta, según recuerda Asens, "que las letras de las canciones del condenado se enmarcan en el ejercicio de la libertad de expresión".

Dado que la proposición de ley de Unidas Podemos ya está en tramitación y que también el Ministerio de Justicia ha anunciado su intención de modificar el tratamiento penal de los delitos relacionados con la libertad de expresión, Asens considera que la derogación de los delitos por los que ambos han sido condenados "es cuestión de tiempo".

"Ante esta situación, el indulto es la vía que la legislación vigente ofrece al Gobierno para actuar ante el convencimiento social de que las condenas son injustas y a la espera de la aprobación y posterior aplicación de la reforma del Código Penal anunciada tanto por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, como por el mismo Gobierno".

"Permitir que estas personas, artistas que han sido condenados por delitos de opinión, permanezcan en la cárcel o en el exilio conlleva una pérdida de la eficacia de la Proposición de Ley en tramitación, que como decíamos, es fruto de un consenso social y político que pone de manifiesto la necesidad de que nadie sea condenado por sus opiniones. Esta premisa jurídica es la que fue aplicada a los insumisos del servicio militar, que fueron indultados ante la inminente reforma del Código Penal que suprimió el servicio militar obligatorio", asegura.

Asens recuerda también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "se ha pronunciado de forma reiterada sobre que el uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al Gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión", y expresamente en contra de las condenas para esta tipificación penal.