Durante su intervención en unas jornadas sobre la solvencia de la empresa poscovid organizadas por Cepyme, explicó que las compañías más grandes cuentan con soluciones como puede ser el Fondo Recapitalización de Empresas Grandes Estratégicas gestionado por la SEPI, “que permite inyecciones directas en capital”.

Sin embargo, en las pequeñas “siempre es mucho más complicado, difícil e ineficiente seguramente introducir capital directamente y, de ahí, que haya que plantearse otros instrumentos, otras vías para reforzar los recursos propios sin necesidad de introducir directamente capital”.

Entre las alternativas potenciales apuntó que existen soluciones como son los instrumentos híbridos, préstamos participativos o los fondos público-privados, sin menoscabo de que en algunos casos además “será necesario renegociar” los términos de su deuda “para facilitar que aquellas empresas viables puedan salir a flote”.

Esta última opción sugirió que cobra relieve especial en el caso de las compañías más pequeñas ante la dificultad de implementar otro tipo de instrumentos. “Creo que no podemos descartar la posibilidad, quizá, como la vía más efectiva y eficiente de disponer de ayudas directas a este tipo de empresas”, abundó. “Yo creo que a esas empresas hay que hacer una apuesta clara y decidida por tratar de evitar que se queden en el camino”, reclamó.

En paralelo abogó por “revisar, mejorar” y “reforzar” el funcionamiento o el mecanismo procesal concursal, tanto de los procedimientos judiciales como los extrajudiciales de insolvencia, porque en España son procesos “muy lentos” y “muy costosos”, además de que, “en una mayoría abrumadora de casos, terminan con la liquidación de la empresa” y no con su salvación.

Demandó mecanismos “mucho más ágiles” y que permitan que las empresas, “mediante una reestructuración sensata de sus deudas, puedan salir a flote”. “Por lo menos aquellas viables, puedan tener más oportunidades de salir a flote”, puntualizó.

En el caso de las pymes constató el “muy escaso” éxito de los acuerdos extrajudiciales de pagos, aunque sería “el mecanismo más natural para autónomos y para pymes”. Al respecto apostó por “revisar todo el proceso” para ver en qué falla y sus costes fijos, ya que, “en ocasiones, son muy elevados y seguramente ahuyentan a empresas de ese tamaño reducido”.

Por otro lado consideró que “puede ser un momento para para, digamos, despojarnos de ciertos tabúes y tener una reflexión sosegada sobre si queremos mantener en cualquier circunstancia esa prioridad de los créditos públicos en los casos de concursos”. Según recordó, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) “viene reclamando desde hace muchos años revisar esa prioridad de los créditos públicos en los procesos concursales” y “quizá esta sea la ocasión para hacer una reflexión” al respecto.