El ayuntamiento que dirige Ada Colau ya fue demandado ante Antifraude por “connivencia municipal con la conducta infractora” reiterada de empresas de motos compartida al considerar el demandante que la resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que ampliaba de manera unilateral y sin concurso las licencias de motos compartidas en más de 3.000 solo beneficiaba a los grandes operadores.

La aceptación de las medidas cautelarísimas que se solicitaban por parte del demandante supone que buena parte de la flota que está dando servicio desde la "alegalidad" tendrá que dejar de hacerlo.

En el fallo del auto del juzgado se indica que hay "lugar a la adopción de la medida cautelarísima interesada por el procurador de los tribunales don Ignacio de Anzizu Pigem, en nombre y representación de doña Begoña Mardaras Gaztelurrutia, quien a su vez actúa en nombre y representación de la mercantil Oiz Ridesharing SL”.

La medida suponía, según la resolución judicial, “que se suspendiese la ejecución de la resolución del Ayuntamiento de Barcelona de fecha 2 de febrero de 2021, en cuanto que en la misma se otorgaba el plazo de 10 días para que la recurrente presentara ante la Administración demandada el modelo de declaración responsable de aceptación de condiciones para participar en el procedimiento de otorgamiento a precario de licencias temporales de uso común especial del dominio público”.

El demandante sostiene que la decisión unilateral del Ayuntamiento de Barcelona, con Rosa Alarcón y Manuel Valdés encabezando el área de Movilidad, de ampliar en un 46% el número de licencias de motos compartidas sin abrir un procedimiento autónomo respecto a su adjudicación, no solo “alteraba las condiciones del proceso de concurso convocado hace unos meses”. sino que beneficiaba a los grandes operadores (Ecooltra, Acciona, Yego y Movo) que ya estaban operando en la ciudad antes de la regulación del servicio.

Esta situación condujo a la empresa Tucycle Bikersharing a presentar una denuncia ante Antifraude por “connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de las empresas incumbentes”. Posteriormente, en el recurso contencioso administrativo se solicitaban medidas cautelarísimas que han sido resueltas en el fallo notificado.